COINCIDO: La muerte no puede ser un derecho
Es difícil entender el entusiasmo con el que se aplaudió por una parte de la bancada del Congreso la aprobación del proyecto de ley de Eutanasia. Será una ley que permita una nueva modalidad de muerte voluntaria, junto con la del aborto. No son leyes que merezcan el aplauso, porque sus saldos se miden por muertos, salvo que su aprobación se considere una victoria ideológica de aquellos grupos políticos que quieren imponer un sistema de valores, o desvalores, en la sociedad. Con esta perspectiva, sí se entiende el entusiasmo de los partidos que votaron a favor del proyecto de ley de Eutanasia, aunque algo menos el de Ciudadanos, que tiene difícil conciliar su liberalismo con una ley tan intervencionista como esta.
Define claramente la situación y las prioridades de los partidos que han apoyado esta inmersión en la «cultura de la muerte» que España vaya a estar a la cabeza de Europa en eutanasia mientras sigue a la cola en cuidados paliativos, que son, según el Comité de Bioética y los colegios de médicos, una alternativa a ese acabar con la vida y que sí deberían constituir un derecho de los ciudadanos. Hoy, seis de cada diez pacientes no acceden a estos cuidados que, según los paliativistas, aumentan la supervivencia, mejoran la calidad de vida del enfermo e, incluso, a la larga suponen un ahorro para el Sistema Nacional de Salud. ABC ofrece hoy una radiografía del estado de la medicina paliativa que deja a España en muy mal lugar. Un sistema nacional eficiente de cuidados paliativos es una alternativa ética factible que el Gobierno y sus socios han preferido olvidar al optar por el atajo de la eutanasia.
Porque hay leyes que significan mucho más que lo que llevan escrito. El proyecto de ley de Eutanasia es un cúmulo de literatura legalista, con una cascada de garantías que van de más a menos y que acaba abriendo tanto las posibilidades de su aplicación que llegará a irse de las manos de aquellos que están obligados a ejecutarla, como ya sucede en otros países. Calificar la eutanasia como un derecho es una gran mentira. La muerte, en cualquiera de sus variantes, nunca puede ser un derecho. Es la negación de cualquier derecho fundamental, empezando por el derecho a la vida, que sí está consagrado en la Constitución como fundamental del ciudadano. Se ha debilitado tanto el concepto de derecho subjetivo que ahora se asocia a cualquier aspiración individual. Y en la muerte voluntaria no hay progreso. Es una solución primitiva, como ocurre con el aborto, para situaciones que, por muy problemáticas que lleguen a ser, habrían de encontrar respuestas más positivas en unas sociedades modernas, desarrolladas, asistenciales y de servicios como la española. Llevar a la ley como derechos matar al feto y dejar morir -cuando no matar- al enfermo o al anciano no es progreso, es un homenaje a la incivilización.
Esta futura ley inocula además en la sociedad un mensaje tóxico. La referencia a los cuidados paliativos está metida de refilón en el proyecto de ley y sólo para que sus defensores puedan decir que también se ofrece a los pacientes. Por mucho que se insista en la voluntariedad de la eutanasia, siempre habrá casos en los que el consentimiento del paciente no sea libre y siempre habrá casos en los que el anciano enfermo se sienta invitado a dejar de «molestar» a su familia. Estas leyes no regulan derechos, sino que propician desde el Estado el desaliento y la indefensión de los más débiles. Se ha abierto una puerta siniestra, que dará acceso incontrolado a prácticas homicidas -en el sentido más etimológico del término- que sólo podrán ser contenidas si el Tribunal Constitucional refuerza el derecho a la vida.
Tomado de www.abc.es
Creo que esta no es la forma adecuada de plantear algo como la eutanasia. Más bien, estamos dando derecho a la gente de decidir sobre su propia vida… ¿acaso lo contrario no sería privar a la gente de este derecho?
No es algo particularmente alegre ponernos en situaciones en las que uno desea la muerte por encima de mantenerse con vida, pero a lo largo de los años hemos sido testigos de ocasiones en las que, sea por insoportables dolencias incurables o por enfermedades terminales, hay quien prefiere tomar esta decisión antes que seguir el resto de su vida con esa insoportable agonía.
Se habla de que el TC refuerce el derecho a la vida. ¿Bien, en que momento se está vulnerando el derecho a la vida? En el caso de que se llegase a poner en práctica, esto habría sido decidido por la propia o por personas cercanas de plena confianza (o, por lo menos, debería ser así). De hecho, oponerse al reconocimiento de la eutanasia no es más que convertir ese derecho a la vida en una obligación – no es la eutanasia la que impone «prácticas genocidas» sobre la persona, oponerse a ella es imponer la vida a aquellos que, por el motivo que sea, prefieren acabar con ella antes que permanecer en constante sufrimiento.
A los que hacemos vida normal, sin dolencias insoportables, se nos hace inviable preferir morir que seguir con vida, pero no creo que eso nos deba permitir negar este derecho a quienes, por motivos que nos cueste asimilar, prefieran tomar esa decisión.
Aún así, no me parece para nada adecuado tomarse la eutanasia como un sustituto definitivo a los cuidados paliativos. Por supuesto que estos se deben reforzar, de forma que la eutanasia se tenga como un último recurso, pero esto no quiere decir que debamos negar ciertos derechos como el derecho a una muerte digna porque nosotros personalmente no concordemos con la idea.
A margen de barreras éticas y morales (donde, particularmente, la Iglesia es más un muro que una simple barrera), un Estado no debe de encargarse de obstaculizar libertades sociales, sino de defenderlas y garantizarlas, siempre con unos mínimos, pero avalar el derecho de una muerte digna para aquellos enfermos terminales que, por motivos que probablemente jamás seremos capaces de comprender en su totalidad, deciden apostar por ella, no es amparar «prácticas genocidas» sino reconocer derechos y libertades.