El silencio oculta los abusos sexuales dentro del hogar
Cumplió 18 años el primer día de este mes. Lo que le importa de su mayoría de edad es que ya no tendrá que volver jamás a dormir en casa de su padre, que la ha violado desde que tiene cuatro años, según corroboran los partes médicos, aunque los juzgados, por tres veces, no dieran credibilidad a su versión, ni siquiera cuando contrajo el virus de papiloma humano «por lo de mi padre». «Sentía dolor y daño, lo cuenta ahora, pero tenía que admitir», relata su abuela, que la ha criado. «Tendría que haberla escondido y discutía con mi hija, que tiene ahora 51 años y una grave depresión, para no entregarla al padre. Pero la sentencia era clara con las visitas y mi hija me decía que si faltábamos le quitarían la patria potestad».
Si hace un par de décadas los abusos sexuales intrafamiliares –cometidos por padres, abuelos, tíos u otros familiares– se callaban en el seno de la familia, ahora la mordaza la pone el sistema judicial. Como el de esta niña que, en la apelación, el juez valoró que, en efecto, había sido violada pero no había pruebas suficientes para culpar a quien ella señalaba una y otra vez. «Su declaración duró hora y media, pero la transcripción sólo tiene dos folios», advierte la abuela sobre un proceso interrumpido en 2019 con la pandemia. «El covid fue su salvación», dice. En ese tiempo dieron una vuelta al caso y lograron unas medidas cautelares.
En los casos de «violencia sexual en el ámbito familiar contra niñas, niños y adolescentes ejercida presuntamente por el padre, se observa que todos los casos han sido denunciados y la gran mayoría no ha pasado de la fase de instrucción, quedando sobreseídas las denuncias en un 86% de los casos», sostiene el documento ‘Violencia institucional contra las madres y la infancia’, elaborado este año por investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, que han analizado «informes forenses y psicosociales, evaluaciones psicológicas, autos de sobreseimiento, sentencias penales y civiles, recursos y pronunciamientos judiciales» de 47 denuncias en el territorio español. «Hay cinco casos que sí pasaron la fase de instrucción: dos terminaron en absolución y tres están a la espera de juicio o decisión penal».
Estas cifras son corroboradas por otros estudios, como el de Save The Children, que calcula en un 72% los sobreseimientos, o Anar, que estima que sólo el 10% de las denuncias llega a los tribunales. «A los niños no se les cree, a pesar de los indicios. La justicia no les escucha y les obliga a vivir con una persona que abusa de ellos», analiza Chelo Álvarez, fundadora de la asociación Alanna. «No es sólo el juez. Es todo el sistema. Se busca siempre revincular con el padre. Hay niños que se retractan porque cuanto más digan, más los castigan. La retractación es el final del recorrido judicial del abuso».
El anhelo del olvido
Rosa, una psicóloga que trabaja con pequeños que han sufrido estas situaciones y que también sufrió abusos desde una edad muy temprana, asegura que «cada niño es un mundo. Con cinco o seis años te puede decir que su padre le hace pupa en el culete o exteriorizan su dolor con dibujos y un lenguaje no verbal. A los once años comienzan a ser capaces de verbalizarlo. Pero no se les cree. Un crío necesita confianza, le ha costado meses decírselo a su madre y no va a hablar en una sola entrevista con una psicóloga. Su futuro no puede depender de una sola sesión».
En el caso de la niña que acaba de cumplir 18 años, la abuela intentó resguardarla desde que tiene tres años. La primera en 2008, apoyada por el parte de lesiones vaginales de un pediatra. A pesar de la sintomatología propia de un pequeño abusado, el juez instructor archivó la causa. Cuando tuvo siete años y reiteradas vaginitis, otro pediatra dio la voz de alarma por segunda vez. Otra vez un juez archivó el caso. En 2014 el mismo primer juez instructor desestimó la versión de la niña por tercera vez. Desde entonces calla.
«Hay casos en los que las madres no pueden demostrar nada. Pero en la mayoría no son las madres las que denuncian. En otros casos denuncian médicos, psiquiatras o profesores pero, aun así, se desestiman», alerta Álvarez. «Y, pase lo que pase, quienes más sufren son los menores».
Tomado de www.elcorreo.com
