TEMA 7: La Constitución de 1931 y sus Reformas

El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. La victoria electoral de los republicanos en las elecciones municipales convocadas por el jefe de Gobierno Juan Bautista Aznar (sobre todo en las ciudades) trajo consigo la caí­da de la monarquí­a, lo que provocó el exilio del Rey Alfonso XIII, aunque sin renunciar a sus derechos. Tras este triunfo se constituye un Gobierno Provisional formado por los lí­deres de los Partidos que firmaron en 1930 el “Pacto de San Sebastián” (ver en www.recursosacademicos.net) y presidido por el republicano de derechas don Niceto Alcalá Zamora (ver en www.recursosacademicos.net).

a) La Constitución de 1931
En junio de 1931 se realiza la convocatoria a Cortes Constituyentes. Realizadas éstas sale triunfadora una coalición republicano-socialista que, como primera preocupación, redactara una nueva Constitución. El apasionamiento en los debates fue tremendo, especialmente al afrontar el tema de las relaciones Iglesia-Estado, provocando la aceptación de la separación entre el poder civil y el eclesiástico la primera crisis del gobierno. En protesta por ello algunos diputados de la derecha abandonaron el Congreso y Niceto Alcalá Zamora y Maura dimití­an de sus cargos ocupándose Manuel Azaña, gran defensor del artí­culo aprobado, de la jefatura del Gabinete.
La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 y reemplazó a la de 1876. España se convertí­a en un Estado Democrático Laico, con una única cámara y un gobierno responsable ante ella, con sufragio universal, incluidas las mujeres. España se constituye como república unitaria. La nueva Constitución definí­a un Estado central fuerte, capaz de aplicar las reformas democráticas necesarias pero ofrecí­a un cauce para resolver los problemas regionales mediante la promulgación de Estatutos de Autonomí­a. Al dí­a siguiente de la aprobación del texto constitucional, Alcalá Zamora era elegido por el Congreso presidente de la República y confirmaba a Manuel Azaña al frente del Gobierno. El final de la guerra civil significó su derrumbe.
Contaba con 125 artí­culos, distribuidos en nueve Tí­tulos más dos disposiciones transitorias.
El Tí­tulo preliminar: “Disposiciones generales”, comprendí­a siete artí­culos. En ellos se proclamaba a España como una República Democrática de trabajadores de toda clase, adoptando como sí­mbolo la bandera roja, amarilla y morada. Ninguna religión es adoptada como oficial, siendo el castellano el idioma del estado, cuya capital es Madrid, y se establecí­a la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
El tí­tulo primero se denominaba “Organización Nacional”, donde se imponí­a la autonomí­a de los Municipios y regiones, impidiéndose la federación de regiones autónomas y sin perjuicios de la unidad nacional, cuyo gobierno se reservaba ciertas atribuciones para el logro de los fines comunes.
El tí­tulo II, “Nacionalidad” (arts.23 y 24) era muy amplio: extendí­a la nacionalidad a los hijos de españoles, sin importar el lugar de su nacimiento, y a los hijos de extranjeros nacidos en España que opten por esa nacionalidad, a los nacidos en España sin padres conocidos, a los extranjeros con carta de naturaleza, a la extranjera casada con español, que opte por la nacionalidad del marido. También especificaba los casos de pérdida de la ciudadaní­a.
El Tí­tulo III, se titulaba “Derechos y deberes de los españoles”, y estaba dividido en dos capí­tulos: “Garantí­as individuales y polí­ticas” (arts. 25 al 42) donde se establecí­a la igualdad, sin privilegios de ningún tipo, la separación de la iglesia del estado, autorizándose la nacionalización de los bienes de las órdenes religiosas. Se establecí­a la libertad de cultos, la protección contra la detención arbitraria, la libre circulación por el territorio español, su ingreso o egreso, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de industria, comercio y profesión, la libertad de opinión, la de peticionar a las autoridades, quedando excluida toda fuerza armada. También se garantizaba la libre asociación y sindicalización, Los derechos electorales se adquirí­an a partir de los veintitrés años para ambos sexos.
El capí­tulo Segundo, “Familia, economí­a y cultura” (arts. 43 a 50), fijaba que la propiedad estaba subordinada a los intereses nacionales y podí­a ser socializada. Se suprimí­a la confiscación de bienes. Se protegí­a el trabajo, considerado como obligación social, que debí­a realizarse en condiciones dignas. Regulaba el derecho a la educación que en su nivel primario serí­a gratuito y obligatorio. Las iglesias podí­an impartir sus doctrinas en sus establecimientos, pero bajo el control estatal.
A partir del Tí­tulo IV (arts. 51 a 66), se organizaban los poderes del estado, empezando por las Cortes, en quienes recaí­a el máximo poder, constituidas unicameralmente por el Congreso de Diputados. Poseí­an potestad legislativa y emanaban del poder popular.
El tí­tulo V “Presidencia de la República”, correspondí­a su ejercicio al Presidente, que personificaba a la Nación y era el Jefe de Estado. La elección del mandatario era función de las Cortes, conjuntamente con los Compromisarios, elegidos popularmente. Duraba en sus funciones seis años, sin reelección inmediata.
El Tí­tulo VI (arts. 86 a 93) trataba del “Gobierno” constituido por el Presidente del Consejo (dirigí­a y representaba la polí­tica general del gobierno) nombrado y removido por el Presidente de la República, y los Ministros (dirección y gestión de los servicios públicos) nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Presidente del Consejo. El Presidente de la República y el Presidente del Consejo compartí­an el ejercicio del Poder Ejecutivo.
El tí­tulo VII se ocupaba de la “Justicia” (arts. 94 a 106). Se administraba en nombre del estado por jueces independientes. Estaba integrado por un Tribunal Supremo y unas Cortes subordinadas a él. Su presidente era nombrado por el Jefe del Estado, a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.
El Tí­tulo VIII “Hacienda Pública” (arts. 107 a 120), trataba del presupuesto.
El tí­tulo IX “Garantí­as y reformas de la Constitución” (arts. 121 a 125) preveí­a la creación de un Tribunal de Garantí­as Constitucionales, que trataba de asuntos especí­ficos y fundamentales como la inconstitucionalidad de las leyes, el amparo, y conflictos de competencia, o responsabilidad de altos funcionarios. Con respecto a la reforma del texto constitucional se determinaba que la iniciativa partiera del gobierno o de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.

b) Este Gobierno, además, diseñó y realizó varias reformas que afectaron a diversos ámbitos sociales.
En el ámbito Educativo. Azaña sustituyó los métodos y profesores religiosos por partidarios de una enseñanza progresista. Otras, como la disolución de la Compañí­a de Jesús o la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas, fueron excesivamente agresivas y entrañaron un grave riesgo de enfrentamiento entre la opinión católica (mayoritaria en España) y el régimen republicano. Además, a principios de 1933, se abren en España cerca de 4.000 nuevas Escuelas de Primaria, muestra de la inquietud pedagógica del nuevo gobierno (el proyecto pretende seguir con otras tantas para cubrir las necesidades del Estado).
En el ámbito Militar. El gobierno republicano-socialista aborda la difí­cil tarea de modernizar el ejército, cuya abundancia de mandos, escasa formación y anticuado  material le habí­an hecho perder capacidad técnica. Una de las primeras decisiones de Azaña fue la reducción del número de oficiales ofreciéndoles la jubilación anticipada. Otra de las medidas importantes tendió a disminuir la jurisdicción militar en beneficio de la civil, así­ como la supresión de la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por Franco. Se crea, además, la Guardia de Asalto, una fuerza leal, especialmente entrenada como Policí­a Urbana.
En al ámbito Agrario. Quizá es la más importante de las reformas intentadas por el primer Gobierno Republicano. El problema de la reforma del campo se arrastraba desde hací­a varios siglos. Extensos latifundios de Extremadura y Andalucí­a esperaban remedio. La base de esta reforma será la distribución de la tierra entre los arrendatarios y jornaleros, lo cual provocará la oposición radical de los propietarios.  El fracaso del levantamiento monárquico del General Sanjurjo (agosto de 1932) fortaleció a Azaña que aprovechó el momento para aprobar la Ley de Bases de la Reforma Agraria. La buena voluntad no fue suficiente y los problemas creados como la falta de presupuesto o las tensiones creadas por algunas ocupaciones de tierras hicieron que la reforma no tuviese los resultados esperados.
En al ámbito Social. Lo más importante fue el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas y la prolongación de los contratos de arrendamiento de tierras.
En el ámbito Territorial. El 9 de septiembre de 1932, Manuel Azaña forzó la aprobación del Estatuto de Cataluña. En su defensa pronunció uno de sus más brillantes discursos que consiguió arrancar de los diputados el voto favorable al Estatuto. En el Paí­s Vasco no se aprobó el Estatuto merced a la división de sus habitantes.

CONCLUSIí“N

1.- La elecciones de 1931 dieron paso a la proclamacioón de la II República española que alargará su existencia hasta 1939 aunque desde 1936 compartí­rá espacio e historia con la Guerra Civil.

2.- Tras un corto periodo protagonizado por el Gobierno Provisional, se celebrarán elecciones generales (Constituyentes) de las que saldrá vencvedora una colacción formada por republicanos y socialistas.

3.- Las dos principales tareas serán la aprobación de una nueva Constitución (diciembre de 19831) y la puesta en marcha de una serie de reformas que afectarán a varios ámbitos, siendo el más significativo el “agrario”.

4.- Todas estas reformas no estarán exentas de serios problemas tanto sociales como polí­ticos y económicos. Algunos de ellos son: la coyuntura económica negativa, la sublevación anarquista andaluza (caso de Casas Viejas –ver www.recursosacademicos.net-), la reacción de la derecha (que se unifica en la Confederación Española de Derechas Autónomas) y la creación del partido Falange (de rasgos fascistas), cuyo lí­der será José Antonio Primo de Rivera.

5.- Todo esto culmina con las elecciones de 1933 en las que el triunfo corresponderá a la coalición de Centro-Derecha (Partido Radical, de Alejandro Lerroux y la CEDA, de José Mª Gil Robles). Aunque con muchas matizaciones, este gobierno ralentizará la mayorí­a de las reformas emprendidas por el gobierno republicano-socialista.

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7 Respuestas

  1. Fiser dice:

    ¿No habrí­a también que hablar también de las del bienio de derechas y del Frente Popular? Sobre su labor contrarreformista y después el Frente Popular con sus medidas más cautelosas.

  2. mitxel dice:

    En mi opinión nos debemos ceñir al texto por cuanto de lo que se trata no es de la II República sino de la Constitución de 1931 y de las Reformas que se adoptaron. Evidentemente que, al hablar de las reformas, se puede indicar qué pasó con ellas al advenimiento del Bienio Radical-Cedista y, si se me apura (aunque brevemente) de qué hace con ellas el Frante Popular.

  3. Julen dice:

    ¿Si preguntaran esto en la selectividad de este año, serí­a suficiente con esto? ¿O hay que explicar también el Bienio Radical-Cedista y el Frente Popular?

  4. mitxel dice:

    Creo que basta con lo escrito. Lo que indicas serí­a (calidad) mostrar cómo se comportó el bienio respecto a lo legislado por el primer gobierno republicano.

  5. Julen dice:

    Muchas gracias

  6. Rubén dice:

    Si no me equivoco, las elecciones municipales fueron convocadas por el gobierno de Aznar.

    Un saludo.

  7. Mitxel dice:

    Tienes toda la razón, amigo Rubén. Está ya corregido. Gracias.

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