LECTURA: El caso del aceite de colza (25 años)

Corría el 1 de mayo de 1981 cuando Jaime Vaquero García, un niño de ocho años que vivía en Torrejón de Ardoz, fallecía de camino a la Ciudad Sanitaria de La Paz. Fue la primera víctima oficial de lo que las autoridades creyeron un brote de la enfermedad del Legionario. La aparición de nuevos casos, primero en Madrid y después por el centro de España, hizo que se desechase la hipótesis de la enfermedad del Legionario. La enfermedad tenía tres fases: la primera, con una neumonía atípica aguda; la segunda, en la que aparecían tromboembolismos, hipertensión pulmonar, calambres y dolores musculares intensos; y la tercera, en la que se desarrollaba hepatopatía (enfermedad del hígado), esclerodermia (endurecimiento del tejido conectivo) y neuropatía (afecciones del sistema nervioso).

Las autoridades no sabían a qué se enfrentaban y el número de enfermos se disparaba. Pronto cundió la psicosis entre la población española, a pesar de que el Gobierno de la época hizo lo posible por minimizar el escándalo. Surgieron todo tipo de teorías conspiratorias, desde envenenamientos intencionados hasta experimentos con armas bacteriológicas en la base norteamericana de Torrejón.

La mayor intoxicación alimentaria en España

Los investigadores tardaron cincuenta días en descubrir la causa de la enfermedad. La clave fue la distribución de los casos. La aparición de nuevos afectados iba surgiendo alrededor de Madrid y coincidía con los mercadillos ambulantes. La mayoría de los enfermos eran de clase humilde, e indagando en sus hábitos se descubrió que en todos era habitual el consumo de aceite a granel. Finalmente se atribuyó la enfermedad a una intoxicación alimentaria producida por una partida de aceite de colza adulterado.

El aceite de colza provenía de Francia con fines de uso industrial, pero algunos aceiteros lo adulteraron para poder venderlo para el consumo humano. Este aceite de colza adulterado se distribuyó por mercadillos de toda España, su bajo precio (en un tiempo en el que España atravesaba una grave crisis económica) y la ausencia de controles sanitarios hicieron el resto. Hubo 350 fallecidos, según cifras oficiales (cifras no oficiales hablan de hasta 4.000 muertos) y 20.000 afectados, muchos de los cuales siguen vivos y arrastran las secuelas de la intoxicación. La Justicia condenó a los aceiteros responsables de la adulteración del aceite de colza y años después el Estado fue declarado responsable civil subsidiario y condenado a indemnizar a todos los afectados.

Ya han pasado más de 25 años de aquello, pero las víctimas de aquella tragedia siguen luchando para no caer en el olvido. La codicia humana puso el dinero por encima de la salud de la gente. Esperemos que estas líneas sirvan para que la historia no vuelva a repetirse.

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