Tema 9: consolidación de la Monarquía parlamentaria (1982-1996)
Tema 9: consolidación de la Monarquía parlamentaria (1982-1996)
ÍNDICE
Introducción
9.1. El proceso general de modernización económica
9.2. La reconversión industrial en el País Vasco
9.3. La continuidad de la violencia terrorista
9.4. Las fuerzas policiales, las instituciones y la sociedad ante el terrorismo
9.5. España en el proceso de construcción europea
9.6. La dinámica política del nuevo sistema
Introducción
Con la llegada al Gobierno del PSOE, en 1982, finalizó la Transición y se inició el período de consolidación democrática bajo una Monarquía Parlamentaria. Su líder, Felipe González, confirmado en el poder en las elecciones de 1986, 1989 y 1993, realizó la “modernización” del país, adaptó las instituciones y el Código Penal a una nueva sociedad y estableció una política exterior europeísta.
9.1. El proceso general de modernización económica
La modernización socioeconómica de España entre 1982 y 1996, durante los gobiernos de Felipe González, se caracterizó por una transformación profunda impulsada por la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE) y la aplicación de políticas socialdemócratas. Se implementaron reformas estructurales en la economía, se produjo una reconversión industrial y se produjo un crecimiento económico considerable, aunque también se vieron afectados por altos niveles de desempleo y escándalos de corrupción.
Puntos clave de la modernización:
- Integración europea: La entrada de España como miembro de pleno derecho en la CEE (actualmente Unión Europea) en 1986 fue un hito fundamental, abriendo al país a nuevos mercados, inversiones y marcos regulatorios.
- Reformas económicas: Se implementaron, tras una dura política de ajuste, prolongada hasta 1985, políticas para liberalizar la economía, modernizar el sector industrial y atraer inversiones extranjeras, aunque también hubo un período de reconversión industrial que exigió el cierre de muchas fábricas y la generación de un disparado desempleo.
- Crecimiento económico: A partir de 1985 y hasta finales de 1990 España experimentó un crecimiento económico notable, impulsado por la entrada en la CEE y las reformas económicas, pero también por el auge del turismo y el sector inmobiliario. Se redujo el déficit público y se incrementaron el poder adquisitivo y su capacidad de consumo.
- Desarrollo social: Se llevaron a cabo reformas sociales importantes, como la expansión de la educación, la sanidad y los sistemas de protección social, aunque el desempleo siguió siendo un problema persistente.
- Modernización política: Se fortaleció el sistema democrático, se consolidaron las instituciones y se promovió la descentralización territorial a través de las comunidades autónomas.
- Desafíos: La modernización no estuvo exenta de dificultades, como el aumento del desempleo, la corrupción, la tensión social y las dudas sobre la gestión económica.
En resumen, el período de 1982-1996 fue una etapa de modernización y transformación para España, con avances significativos en la economía y la sociedad, pero también con desafíos importantes que marcaron la evolución del país.
9.2. La reconversión industrial en el País Vasco
La adecuación de las estructuras industriales a la Unión Europea contribuyó a agriar la situación. En este sentido la desinversión era importante, especialmente en el País Vasco. La caída del empleo afectó especialmente a los jóvenes en busca del primer trabajo.
La Margen Izquierda (comarca de Bizkaia), de gran tradición industrial, alcanzó cotas de hasta un 50% de juventud en paro. La situación empezó a degradarse solo en un lustro. Euskadi, que había sido una de las regiones más prósperas de España, ocupando los primeros lugares del país en renta per cápita, crecimiento de la población y creación de puestos de trabajo, se convertiría a inicios de los ochenta en un ejemplo de regresión económica, social y demográfica. En 1980 la ciudad de Bilbao albergaba al 78,9% de la población de Bizkaia y al 44% del País Vasco. A partir de entonces se inició el descenso, el índice de natalidad será más bajo que el nacional, y este que el europeo. La repercusión social de la crisis hizo descender las tasas matrimoniales. De la misma forma los saldos migratorios vascos invirtieron su sentido: trabajadores especializados y gran cantidad de licenciados emigraron a otras zonas, especialmente a Madrid.
La tradicional siderurgia, sin capacidad de ser competitiva, se vio afectada por una profunda crisis. El deterioro industrial fue el más grave de todas las comunidades españolas. Las estructuras fabriles gigantes y obsoletas, la incapacidad empresarial para afrontar la crisis y la competitividad del mercado, junto al clima de inestabilidad política del país, fueron factores que apuntaron la recesión vasca. La repercusión de esta coyuntura en la iniciativa privada no hacía sino mantener bajo mínimos la inversión necesaria para la renovación tecnológica.
El papel de la planificación financiera privada en la crisis fue muy grave, teniendo en cuenta la tradicional vinculación del capital vasco (en especial los Bancos de Bilbao y Vizcaya) a la industria siderúrgica, naval y de transformación. Estos sectores se estancaron. El abandono financiero de la industria de base contribuyó a un deterioro y a la descomposición de los planes empresariales de renovación técnica y de reconversión de plantillas.
Las consecuencias fueron una progresiva necesidad refinanciación pública del sector, la intervención del Estado como protagonista principal de la reconversión industrial en la zona y la asunción de la responsabilidad subsidiaria en el proceso. Sectores como el metal o el naval, que con la química contabilizaban el 50% del valor total añadido de la comunidad, son los que acusaron más la urgencia de la renovación tecnológica y los más afectados por los planes de reconversión.
La violencia laboral, con una negativa gestión política de las administraciones, y la presión terrorista sobre el empresariado a través del cobro del impuesto revolucionario el secuestro de algunos de sus miembros, contribuyó a crear una imagen nada tranquilizadora de Euskadi: los conflictos superaron en más del triple a la media española.
El Gobierno vasco, acuciado por el desmantelamiento industrial, buscó como alternativa el desarrollo del sector servicios y especialmente del turismo de calidad, ofreciendo cultura (Guggenheim, Museo de Bellas Artes) y lugares típicos del País Vasco a un turista europeo deseoso de conocer algo más que sol y playa.
Después de la formación del Gobierno de coalición en 1987, los responsables económicos se mostraron más optimistas asegurando que ya había pasado lo peor del proceso de reconversión. Sin embargo, la degradación paulatina de la economía no se frenó manteniéndose la pérdida constante de puestos de trabajo. La tasa de paro fue abrumadora en el sector industrial y entre los jóvenes (57% de parados).
En la década de los ochenta, el sector industrial no obtuvo buenos resultados, sin embargo, el comercio, la hostelería y, sobre todo, la banca experimentaron un gran crecimiento.
En 1988, los dos grandes bancos vascos (Bilbao y Vizcaya) se fusionaron, formando una entidad financiera de gran volumen. Poco después el banco resultante se unió con Argentaria. Al mismo tiempo las cajas de ahorro de Vizcaya se fusionaron también.
La banca sorteó con gran habilidad la depresión económica, ocupando un puesto fundamental en las actividades económicas y relevando a la siderurgia de su puesto protagonista en la estructura económica vasca.
9.3. La continuidad de la violencia terrorista
Desde 1985, el PSOE intentó crear fisuras dentro ofreciendo la reinserción social a algunos de sus miembros, en determinados supuestos penales. Esta vía truncada cuando, en 1986, ETA asesinó a Dolores González Catarain, Yoyes, antigua dirigente de la organización que había abandonado las armas años antes.
En enero de 1988, los partidos contrarios a la acción de ETA firmaron el Pacto de Ajuria Enea, en el que se establecían compromisos y medidas políticas para erradicarla. En 1989 el Gobierno inició las conversaciones de Argel con la dirección de ETA, al tiempo que continuaban las acciones policiales, con una mayor colaboración del Gobierno francés; el resultado fue la detención, en 1992, de la cúpula de ETA en Bidart (Francia). A partir de 1989, el Ministerio del Interior acentuó la dispersión de los presos de ETA entre distintas cárceles de España.
La estrategia de la nueva dirección de ETA no varió en su objetivo de forzar al Gobierno a una negociación con la amenaza de atentados. En 1993, el secuestro del industrial guipuzcoano Julio Iglesias Zamora provocó un aumento de movilizaciones de grupos pacifistas que exigían, en silencio, su liberación; miles de personas en el País Vasco se sumaron a esta exigencia. A partir de entonces, aumentó la presencia en las calles de los grupos juveniles vinculados a Herri Batasuna, que en numerosos atentados callejeros atacaron instituciones, mobiliario urbano, establecimientos comerciales y bancarios.
En 1995, ETA asesinó al dirigente del PP donostiarra Gregorio Ordóñez, y colocó un coche bomba en el Puente Vallecas de Madrid al paso de un vehículo de la Armada matando a cinco trabajadores civiles. En 1996, las víctimas más señaladas fueron el dirigente socialista donostiarra Fernando Múgica y el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.
En los dos primeros años de Gobierno del PP, se produjeron éxitos policiales, como el apresamiento de algunos comandos o la liberación, en 1997, del funcionario de prisiones Ortega Lara, después de 532 días de secuestro. Pero también continuaron los atentados mortales, con especial incidencia sobre concejales del PP. Enorme conmoción creó en la opinión pública el asesinato de Miguel Angel Blanco, joven concejal del PP en el ayuntamiento de Ermua (Bizkaia), el 12 de julio de 1997, tras un ultimátum en el que ETA exigía el acercamiento de sus presos a cárceles vascas. Las manifestaciones de repulsa convocaron a varios millones de ciudadanos y se produjeron numerosas condenas de organizaciones internacionales.
9.4. Las fuerzas policiales, las instituciones y la sociedad ante el terrorismo
Entre 1982 y 1996, las fuerzas policiales, instituciones y la sociedad española enfrentaron una intensa lucha contra el terrorismo, principalmente liderado por ETA. La respuesta implicó un fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la adaptación de las instituciones a las nuevas necesidades, y un profundo impacto en la sociedad, que desarrolló mecanismos de resistencia y solidaridad.
Entre las Fuerzas Policiales se produjo una significativa inversión en recursos humanos y materiales para las fuerzas de seguridad (policía nacional, guardia civil, policía autonómica vasca). Al mismo tiempo se crearon unidades antiterroristas especializadas y se mejoró la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales y se intensificó la colaboración con otros países para compartir información y estrategias de lucha contra el terrorismo.
Las Instituciones promulgaron leyes antiterroristas que endurecieron las penas y ampliaron las facultades de investigación de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, se establecieron mecanismos de ayuda y reparación para las víctimas del terrorismo en tanto se produjo un consenso político en la lucha contra el terrorismo, con la mayoría de los partidos manifestando su rechazo a la violencia y su apoyo a las instituciones democráticas.
La propia Sociedad reaccionó con la organización de manifestaciones y actos de repulsa contra el terrorismo, y se fortaleció el tejido asociativo para apoyar a las víctimas al mismo tiempo que surgió una inmensa ola de solidaridad y apoyo mutuo ante el dolor causado por los atentados. Con todo, el terrorismo dejó una profunda huella en la sociedad, generando miedo, inseguridad y desconfianza, pero también una mayor conciencia sobre la importancia de la democracia y la convivencia.
9.5. España en el proceso de construcción europea
La integración de España en la Comunidad Europea se produjo en 1986. Su presencia en sus instituciones ha servido para sentar las bases de una auténtica ciudadanía europea, y para trasladar a la agenda comunitaria asuntos de interés nacional de primer orden. España ha sido una pieza clave en el reconocimiento europeo de la importancia de Iberoamérica y del Mediterráneo, sobre todo el norte de África, en el contexto de las relaciones de la Unión. Por otra parte, Felipe González impulsó la cohesión social y política entre los países y las regiones comunitarias que abanderaba Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1995.
En 1992, se firma el Tratado de Maastricht, que dará lugar al nacimiento de la UE. Sus acuerdos fueron ratificados por el Parlamento español, si bien no faltaron las voces críticas de quienes consideraban que se trataba de un acta que favorecía al gran capital y obligaba al Gobierno socialista a un duro plan de convergencia, con repercusiones negativas en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. El eslogan de «Más Europa», utilizado por Felipe González en muchos de sus discursos, parecía indicar que la solución a las debilidades económicas e institucionales de España pasaba por dar un nuevo impulso a la «europeización» de la política nacional, y esto suponía defender el modelo de Maastricht.
Pasada la euforia del ingreso en Europa, muchos españoles atribuían a la integración la responsabilidad de los cierres de empresas, las limitaciones a la pesca y a determinadas producciones agrarias o las perturbaciones monetarias que afectaban a la solidez de la peseta, aunque también percibían las ventajas de pertenecer a una comunidad que, desde sus orígenes, se fue dotando de fondos estructurales destinados a limitar las desigualdades regionales dentro de ella y que han supuesto una inyección financiera muy importante para el desarrollo español.
En 1995, con la entrada de Suecia, Finlandia y Austria, nació la Europa de los Quince. Los esfuerzos de todos los Gobiernos en esos años se dirigieron al cumplimiento de los “criterios de convergencia” establecidos en Maastrich.
9.6. La dinámica política del nuevo sistema
La dinámica política en España entre 1982 y 1996 se caracterizó por la consolidación de la democracia, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el gobierno durante la mayor parte del período. Este periodo vio reformas sociales y económicas, así como la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). También se enfrentaron desafíos como el terrorismo de ETA y la reconversión industrial.
En 1982, el PSOE, liderado por Felipe González, obtuvo una mayoría absoluta, marcando el fin de la etapa de transición y el inicio de una nueva fase democrática con un gobierno de izquierdas. El gobierno recién constituido impulsó reformas en áreas como la educación, la sanidad y la seguridad social, buscando modernizar el país y adaptarlo a los estándares europeos. Dentro de esta dinámica uno de los hitos más importantes fue la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) en 1986, lo que supuso un cambio profundo en la política y la economía española.
Todo ello fue desarrollándose en medio varios acontecimientos nada positivos que significaron desafíos y tensiones. Entre ellos, señalamos el terrorismo de ETA que continuó siendo un problema grave, con atentados que golpearon a la sociedad española y generaron debate sobre las políticas antiterroristas. Al mismo tiempo, la reconversión de sectores industriales tradicionales, como la minería y la siderurgia, provocó conflictos laborales y protestas sociales y, por último, sobre todo en la década de los 90, los escándalos de corrupción que afectaron a varios partidos políticos, erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
