«Celáa cree que es el Estado quien tiene el sistema educativo»

El catedrático en Historia Contemporánea Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera (Madrid, 1963) es desde julio de 2018 presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), una asociación de fieles fundada por el jesuita Ángel Ayala en 1908 y muy reconocida hoy sobre todo por su labor en el campo educativo a través de su marca CEU. En sus 25 centros docentes distribuidos en 11 ciudades se forman cada año más de 30.000 alumnos.

La ministra de Educación defendió en el Congreso que la Lomloe es un «proyecto de ley necesario» pero buena parte de la comunidad educativa pide «diálogo» para llegar a acuerdos, ¿cree que la octava ley educativa de la democracia nace con buen pie?

Creo que no en absoluto. Se echa de menos un debate real sobre las reformas que son necesarias. Da la sensación que las leyes que están surgiendo ahora son leyes de partidos políticos. El propio partido socialista que hizo hincapié en el consenso cuando Ángel Gabilondo era ministro de Educación ahora no parece importarle.

¿Qué es lo más le preocupa de esta nueva norma?

La ministra Isabel Celaá tiene una interpretación del artículo 27 de la Constitución muy peculiar. Este artículo reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus propias convicciones religiosas y morales y además establece el papel subsidiario del Estado en la educación. La ministra cree, en cambio, que es el Estado quien tiene el sistema educativo y además decide qué valores hay que enseñar. Es todo un problema. El proyecto de ley plantea además serios problemas a la educación especial. Qué más quisieran los padres de educación especial que poder tener a sus hijos con el resto de los alumnos, pero hay veces que es posible y otras en que no lo es. El Ministerio parte de un apriori cuando lo que tiene que hacer es ponerse en la realidad. Es el propio mundo educativo el que tiene que decir lo que quiere.

¿Y qué echa en falta en este proyecto de ley?

Que no tiene en cuenta la demanda social a la hora de pedir centro y, por tanto, puedes querer que tus hijos vayan a un determinado tipo de centro y el Estado te diga que van a otro. La asignatura de Religión va a quedar sin ninguna alternativa. Puedes tener clase de Religión si vas una horita antes por la mañana o si te quedas sin recreo, pero sin alternativa. Plantea también una asignatura de valores que habrá que ver qué contenidos tiene y si el Gobierno va utilizar la asignatura para adoctrinar.

El proyecto de ley adopta la coeducación, un concepto ambiguo en el que entra la ideología de género y en el que se admite la diversidad de género, ¿cree que esto podría derivar en un adoctrinamiento por parte del Estado?

El tema no es coeducación si o no, sino libertad. Que cada escuela de iniciativa social pueda considerar si esto funciona mejor o peor, pero que el Estado no imponga. El Estado debe ser muy consciente de que su papel en la educación es muy subsidiario y no debe organizar la vida de cada uno. Hay que tener en cuenta que el Gobierno está en una campaña de adoctrinamiento general. Allí están la ley de eutanasia o la ley de memoria democrática que nos va a decir qué visión debemos tener de la historia con la posibilidad de acabar en la cárcel si no compartes la perspectiva del Gobierno. Más de 150 intelectuales acaban de firmar el manifiesto de Harper’s en contra del pensamiento único. Tiene que existir la libertad.

El proyecto de ley defiende que la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo, ¿Cómo ve la estrategia del Gobierno de enfrentar la escuela pública a la concertada?

Es una estrategia que el Gobierno lleva mucho tiempo jugando olvidándose de que la educación es un servicio público. ¿Cuál es el papel del Estado? Garantizar que todo el mundo tenga acceso a la educación, pero ¿eso significa que controla toda la red educativa? No, porque eso es empobrecedor. Hay que permitir toda la libertad y riqueza que florece en una oferta educativa plural.

La reforma educativa propone retirar «la demanda social» como criterio para la apertura de nuevas aulas concertadas, ¿cree que se limitará a la larga el derecho constitucional a la libertad de enseñanza?

Si el Gobierno se dedica a preparar una serie de legislación para hacer que acceder a un colegio concertado sea prácticamente imposible y que estos centros sean insostenibles es obvio que podrá conseguir mucho en ese aspecto de reducir la fuerza e importancia de la enseñanza concertada. Lo que sucede es que la respuesta social en un momento en que la sociedad está especialmente aletargada porque han surgido nuevas preocupaciones por la pandemia de Covid-19 hacen que el foco esté puesto en otras cuestiones y posiblemente no se está captando toda la amenaza que suponen algunas de las medidas que se plantean desde el Gobierno.

«No parece que el Gobierno dé importancia al esfuerzo»

—¿Qué opina de que la Lomloe permita aprobar el Bachillerato con una suspensa o que se pueda hacer esta etapa en tres años?

—Habría que preguntarse qué es lo que nos preocupa: ¿el éxito académico entendido como que el alumno supere unos conocimientos o que no haya un abandono escolar? Pese a que las dos concepciones serían planteables, no parece que el Gobierno le dé importancia al esfuerzo. Se puede ayudar a que los alumnos permanezcan en el sistema, pero sin restar importancia al esfuerzo. El Gobierno transmite la sensación de «café para todos». Y eso es lo que considero que es muy negativo.

Tomado de www.abc.es

 

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