El 90 % de los menores en tratamiento por drogas lo están por cannabis
Mientras el Ministerio de Sanidad advierte en su monografía oficial 2025 sobre los efectos nocivos del cannabis en adolescentes —desde el fracaso escolar hasta los trastornos mentales—, impulsa su uso terapéutico mediante un decreto que reconoce una evidencia científica «variable». Una contradicción que plantea serias dudas sobre la coherencia de la política pública en materia de salud.
«El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años», advierte el Ministerio de Sanidad en su Monografía sobre Cannabis 2025.
Según los últimos datos de la Encuesta ESTUDES, el 26,9 % de los adolescentes ha consumido cannabis alguna vez, el 21,8 % lo ha consumido en el último año, el 15,6 % lo ha consumido en el último mes, y 1,3 % lo hace a diario. El 75,7 % de ellos lo mezcla con tabaco, lo que multiplica el riesgo respiratorio.
El documento oficial señala con preocupación que los adolescentes que consumen cannabis «han hecho más pellas, se han concentrado menos en clase, han sido expulsados del centro educativo con más frecuencia y han suspendido más». Además, más del 90 % de los menores que inician tratamiento por drogas lo hacen por esta sustancia.
Un impacto sanitario que no se puede ignorar
En 2024 se registraron 2.152 hospitalizaciones por trastornos relacionados con el cannabis y representa el segundo motivo de entrada a tratamiento, solo por detrás de la cocaína.
El consumo habitual se vincula a bronquitis crónica, deterioro de la función pulmonar, ansiedad, depresión, trastornos psicóticos y «síndrome amotivacional, caracterizado por apatía, falta de interés y dificultad para alcanzar metas».
El Ministerio reconoce también un vínculo con accidentes de tráfico: «El 39,3 % de los conductores fallecidos que dieron positivo a drogas en 2023 había consumido cannabis». En el entorno penitenciario, es la droga más consumida dentro y fuera de prisión, con un 11,2 % de prevalencia en el último mes.
Y, pese a todo, el riesgo percibido por la sociedad sigue siendo bajo: una combinación peligrosa para los adolescentes cuya plasticidad cerebral los hace especialmente vulnerables a los efectos del THC.
Cannabis medicinal: prescripción sin base sólida
Frente a esta contundente radiografía de daños, el mismo Ministerio de Sanidad publicó un borrador de Real Decreto que regula la dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis con fines terapéuticos.
La norma permitirá a los médicos especialistas recetar derivados del cannabis elaborados en farmacias hospitalarias para patologías como la esclerosis múltiple, epilepsia refractaria, vómitos por quimioterapia o dolor crónico.
Pero el propio texto reconoce que «la evidencia científica ha mostrado un grado de beneficio variable del cannabis y de sus extractos en algunas indicaciones terapéuticas». La ambigüedad del término «variable» contrasta con la contundencia con la que el mismo Ministerio presenta los perjuicios del cannabis en otros contextos como la monografía 2025.
Más aún: en la monografía de 2025 se insiste en que «aunque la relación con el cáncer de pulmón es menos clara que para el tabaco, la presencia de carcinógenos en el humo del cannabis es innegable», y se reconoce que la mayoría de los preparados con cannabis deben ser objeto de prescripción controlada, dado su riesgo de dependencia.
Incongruencias regulatorias
La regulación propuesta no establece requisitos de ensayos clínicos comparables a los exigidos para otros fármacos. Permite el uso de estas fórmulas cuando «no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente», abriendo la puerta a un uso discrecional bajo una prescripción justificada en la historia clínica, sin necesidad de evidencia robusta.
Además, la norma prevé que la lista de indicaciones «podría ampliarse o modificarse» en función de «la evidencia científica y las decisiones regulatorias futuras», lo que introduce un grado de incertidumbre adicional. Es decir, se institucionaliza un sistema flexible para una sustancia que el propio Ministerio denuncia como causa de hospitalizaciones, trastornos mentales y accidentes.
Además, esta legalización del cannabis medicinal se ha impulsado sin un debate parlamentario en profundidad ni un consenso social amplio, a pesar de las incertidumbres reconocidas sobre la solidez de la evidencia científica que la sustenta.
Mientras tanto, los adolescentes reciben un mensaje confuso: el mismo Estado que les advierte de los riesgos del cannabis, lo avala ahora como tratamiento sin el respaldo de ensayos clínicos concluyentes.
Un enfoque que necesita más ciencia y menos política
El informe oficial concluye que «las políticas sobre cannabis deben basarse en la mejor evidencia científica disponible para proteger la salud pública», pero el propio Real Decreto que promueve su uso medicinal reconoce que esa evidencia, hoy por hoy, es débil o variable.
No se trata de una batalla ideológica, sino de una necesidad de coherencia técnica y sanitaria. Si el cannabis es un problema de salud pública, como afirma el Gobierno, no se puede simultáneamente abrir la puerta a su uso hospitalario sin exigir los mismos estándares de evidencia que a cualquier otro medicamento.
Más ciencia, más transparencia y más coherencia son imprescindibles si se quiere evitar que el cannabis siga siendo un terreno de contradicciones institucionales y, peor aún, de riesgos evitables para los más jóvenes.
Ana Hernández es Doctora en Química Orgánica, especializada en Química Médica y Biología, con más de veinte años de experiencia como investigadora tanto en España como en el extranjero. Es autora de múltiples publicaciones científicas y patentes.
Tomado de www.libertaddigital.com
