Por qué la intransigencia izquierdista terminó con el sueño de la Segunda República

La idea republicana en España siempre ha sido otra forma de hacer la revolución. Durante el siglo XIX, especialmente con el episodio de la Primera República y en la crisis de la Restauración, el republicanismo fue presentado por numerosos políticos, intelectuales, periodistas y académicos como la solución para transformar la estructura del país en todos los órdenes, desde el territorial hasta el educativo. Con la República, a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió, a pesar de la opinión contraria de una parte significativa de los españoles. Los republicanos, bien anclados en la utopía, aspiraban a salvar el país de sí mismo. No obstante, como indicó Karl Popper, el utopismo siempre lleva al enfrentamiento civil porque contiene la dictadura del visionario. De hecho, su concepto de democracia era desde el siglo XIX la toma del poder para apropiarse del gobierno y revolucionar el país. Por eso, cualquier intento republicano en España ha estado mezclado con el exclusivismo, las formas dictatoriales y la violencia, a pesar de la cantidad de relatos que justifican las dos Repúblicas por las supuestas «buenas intenciones».

En este sentido conviene repasar lo que fue la Segunda República, rodeada tanto de mitos políticos como de descalificaciones absolutas. No todo fue negativo, algo que se aprecia al profundizar en la realidad de aquellos años, pero resulta indudable que los republicanos organizaron el régimen para su uso y disfrute en exclusiva. Luis E. Iñigo da buena cuenta de esta situación en «La secta republicana. La intransigencia ideológica de la izquierda y el naufragio de la primera democracia española» (La Esfera de los Libros, 2025). El autor es especialista en ese periodo, y ha publicado, entre otros libros, «La derecha liberal en la Segunda República» (UNED, 2000) y «Una República para todos los españoles: El fracaso del centro y el colapso de la primera democracia española» (CEU, 2024).

Luis E. Iñigo centra su estudio en las causas de la caída de la Segunda República y del estallido de la Guerra Civil. Desde la primera línea atribuye una responsabilidad principal a la intransigencia de la izquierda republicana. La tesis central es que el fracaso se debió al sectarismo militante de la izquierda republicana y al rechazo sistemático a cualquier transacción con el resto del arco político. Según el autor, el entusiasmo popular del 14 de abril se utilizó para instaurar un sistema político concebido como instrumento revolucionario contra la España monárquica, religiosa y conservadora. Aquí el autor señala la diferencia entre el espíritu que ha forjado las democracias liberales y el que exhibieron aquellos políticos. Para esta izquierda, escribe Iñigo, la República solo podía ser gobernada por las izquierdas, mientras que los discrepantes debían someterse o sufrir las consecuencias. El pacto y la transigencia, asegura el autor, se consideraban una claudicación inadmisible ante el enemigo político. En consecuencia, la alternancia en el poder –resultado legítimo de las urnas– se volvió inconcebible. Sin la aceptación del adversario no había democracia posible. El resultado fue la reacción del PSOE, Manuel Azaña y ERC tras la derrota electoral de 1933, que desencadenó la revolución de 1934 para impedir que gobernara quien había ganado las elecciones.

Las izquierdas buscaron consolidar su hegemonía con la Constitución de 1931, que, según Iñigo, funcionó como un programa político destinado a institucionalizar la revolución, limitando el margen de maniobra de futuros gobiernos y blindando las políticas izquierdistas. De hecho, el texto decía con aroma soviético que España se constituía como una «República democrática de trabajadores de toda clase». Este rechazo al adversario sembró el germen de la violencia y la negación de la democracia. No en vano, Largo Caballero, líder del PSOE, declaró a El Socialista el 24 de septiembre de 1933, en una entrevista a un joven Santiago Carrillo, que no entendía «tanto horror a la dictadura del proletariado», porque «¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo?».

La brutalización de la política estuvo presente desde el primer día, cuando los republicanos atacaron a los monárquicos en mayo de 1931, y a continuación el Gobierno permitió la quema de iglesias. Luis E. Iñigo recuerda la conocida frase de Azaña: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». La violencia también vino de mano de los anarquistas, que se levantaron en armas contra la República de forma general hasta en tres ocasiones, produciendo cientos de muertos.

Los males, sostiene el autor, procedían de «la secta republicana». Las consecuencias de ese sectarismo fueron el anticlericalismo, la violencia, el rechazo a la alternancia y la justificación de la revolución o del golpe de Estado si se perdía el poder aunque fuera legalmente. No olvidemos que Largo Caballero declaró en 1934 en Ginebra (Suiza) que el PSOE no creía en la democracia «como valor absoluto», y añadió: «Tampoco creemos en la libertad». De ahí la intentona revolucionaria de octubre de 1934, la formación de un Frente Popular guerracivilista, y el proceso revolucionario desde la falsa victoria electoral de febrero de 1936. El odio profundo a las derechas, que era la mitad de España, se instaló en la vida política por obra de los republicanos de izquierdas, en opinión de Íñigo. La responsabilidad de Manuel Azaña y los suyos en esta deriva, creyendo que podrían «cabalgar al tigre» de un PSOE bolchevique, fue tan evidente como nefasta, tal y como se lee en el libro.

La obra discute el relato historiográfico de la izquierda, especialmente aquel que atribuye la pérdida de la República solo al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, como si solo esto hubiera hecho que se perdiera la República. La obra rechaza la tesis de la frustración del proyecto democrático por causas ajenas o inevitables. En concreto, la atribución de la culpa del naufragio a la oposición del supuesto bloque dominante tradicional –una expresión del estalinista Tuñón de Lara–, compuesto por el clero, los militares conservadores y los terratenientes. Y niega la validez de los determinantes estructurales económicos, sociales y educativos.

Luis E. Iñigo sostiene que el fracaso se debió al peso negativo de los intelectuales. El autor no cae en el anti-intelectualismo, sino que resalta el peso de las ideas y su propaganda para la conformación de la mentalidad que impulsa la acción política. Los intelectuales de la izquierda republicana, y alguno, como Ortega, que no militó en ese bando, presentaron la República como una fórmula revolucionaria exigida por la Historia para que nuestro país estuviera acompasado a «Europa». Esos intelectuales estuvieron influidos por el regeneracionismo y la Generación del 14, quienes desarrollaron una visión hipercrítica con un pasado español con el que consideraban necesario romper por completo. No solo cogieron la Leyenda Negra, sino que consideraron que la decadencia de España era el resultado del dominio de la Iglesia, el Ejército y la Monarquía, por lo que estas tres instituciones debían ser señaladas como culpables y expulsadas de la vida pública.

Iconos inexplicables

En este sentido, Iñigo hace mucho hincapié en el papel de Manuel Azaña, un personaje que inexplicablemente se convirtió en un icono de la derecha en la década de 1990, y que ha desmontado recientemente José María Marco en «Azaña. El mito sin máscaras» (Ediciones Encuentro, 2021). Este republicano aparece en el libro como un personaje resentido y frustrado ante la marginación profesional, que exhibió una soberbia intelectual en su idea de España y en su rechazo al auténtico pluralismo del país. El Ateneo de Madrid aparece como el «laboratorio de ideas» de esta izquierda intolerante. La exclusión del otro fue consciente, dice Iñigo. Para eso se utilizaron mecanismos legales como la reforma de la ley electoral y la Ley de Defensa de la República, y las presiones extralegales para asegurar la perpetuación de la izquierda en el poder y anular la posibilidad de alternancia, asegura el autor, incluso rechazando los consejos de líderes moderados como Alcalá-Zamora y Maura. El libro concluye que la izquierda republicana no era intrínsecamente democrática, sino que consideraba a la República como una herramienta para la revolución. Cuando este instrumento se vio amenazado, la izquierda optó por la «secta de la verdad» por encima de la «secta de la democracia».

Un plan para salvar las instituciones

Iñigo habla de una «última oportunidad de la República» en 1936. Ante el colapso del sistema parlamentario, algunos republicanos plantearon la necesidad de una «dictadura republicana» temporal destinada a salvar las instituciones. La propuesta, defendida por Miguel Maura, Claudio Sánchez Albornoz y Felipe Sánchez Román, consistía en suspender la Constitución para instaurar un Gobierno nacional de gran coalición. El objetivo era restablecer el orden, impulsar la economía, reducir el desempleo y continuar la reforma agraria. Incluso José Giral, de Izquierda Republicana, aceptó que era necesario recurrir a esta fórmula para salvar las instituciones. El plan fracasó por culpa de Azaña, que se negó a romper con el PSOE. Tras el alzamiento del 18 de julio, Maura insistió en aplicar la dictadura republicana, pero Largo Caballero amenazó con desencadenar una revolución social si se imponía. Azaña selló el destino de la República, que perdió su oportunidad de sobrevivir.

Tomado de www.larazón.es