Tema 8: La Transición (1975-1982)
Tema 8: La Transición (1975-1982)
ÍNDICE
Introducción
8.1. El franquismo sin Franco: inmovilistas y reformistas
8.2. La Reforma política y la oposición
8.3. Las primeras elecciones generales y la Ley de Amnistía de 1977
8.4. La Constitución de 1978 y Los Estatutos de Autonomía
8.5. Los primeros pasos de la autonomía vasca: el Estatuto de Gernika de 1979
8.6. Los años de plomo: el terrorismo y violencia política
8.7. Crisis económica y conflictividad social. El movimiento obrero y los movimientos sociales
8.8. El intento de golpe de estado de 1981
8.9. Las elecciones generales y autonómicas
Introducción
Entendemos por “transición” el período de la Historia de España comprendido entre 1975 (muerte de Franco) y 1982 (triunfo del PSOE en las elecciones generales). Es un período pacífico a través del cual España recupera la democracia. En este proceso tendrán singular protagonismo las Cortes Franquistas, La Monarquía y la UCD (Unión de Centro Democrático, liderada por don Adolfo Suárez). La pieza clave de todo ello será la Constitución de 1978.
La Sociedad española, tras la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos como rey (Noviembre de 1975) presenta los siguientes rasgos: unos grupos populares demandando amnistía, autonomía y derechos para la mujer; un ejército muy dividido entre quienes desean permanecer fieles al franquismo y los partidarios de los cambios (Unión Militar Democrática) y una Iglesia, capitaneada por el cardenal Enrique Tarancón, en franca ruptura con el régimen anterior. (Ver ANEXO 14).
8.1. El franquismo sin Franco: inmovilistas y reformistas
En el tardofranquismo, la sucesión de Franco generó dos corrientes principales: los inmovilistas, que buscaban mantener el régimen tal cual, y los aperturistas, partidarios de reformas. Los primeros, liderados por Carrero Blanco, querían asegurar la continuidad del franquismo a través de Juan Carlos I. Los segundos, aunque minoritarios, abogaban por modernizar el sistema político, reconociendo la necesidad de cambios tras el desarrollo económico.
- Los Inmovilistas tenían como objetivo perpetuar el franquismo sin cambios significativos y su líder clave era el Almirante Carrero Blanco. Su estrategia consistía en mantener el entramado institucional y los principios del régimen, incluyendo la instauración de la monarquía en la persona de Juan Carlos, pero dentro de los parámetros franquistas, considerando que la estabilidad política y social del país dependía de la continuidad del régimen. Su apoyo lo tenían en los sectores más conservadores y tradicionales del régimen, así como algunos tecnócratas que veían en la estabilidad del franquismo la garantía de sus intereses económicos.
- Los Aperturistas tenían como objetivo introducir reformas políticas para modernizar el régimen, reconociendo la necesidad de cambios tras el desarrollo económico siendo sus lideres un grupo minoritario dentro del régimen, incluyendo a algunos tecnócratas y jóvenes políticos. Su estrategia consistía en adaptar el régimen a las nuevas realidades sociales y económicas, buscando una apertura política que evitara el estallido de tensiones creyendo que el crecimiento económico exigía una apertura política para evitar conflictos sociales y garantizar la estabilidad a largo plazo. Recibían su apoyo en algunos sectores empresariales y profesionales, así como intelectuales y jóvenes que veían en la apertura una vía para la modernización del país.
En resumen: El tardofranquismo se caracterizó por la lucha entre estos dos grupos. Los inmovilistas, con Carrero Blanco a la cabeza, representaban la opción continuista, mientras que los aperturistas, aunque minoritarios, planteaban la necesidad de reformas políticas para evitar un cambio brusco y mantener la estabilidad del régimen
8.2. La Reforma política y la oposición
Las fuerzas políticas, tras el corto gobierno de Carlos Arias Navarro (nombrado por Franco), se aglutinan en torno a Adolfo Suárez que es nombrado Presidente del Gobierno por el Rey en 1976. Su obra cumbre es la Ley para la Reforma Política del mismo año. A través de ella logra que las propias Cortes franquistas se autodisuelvan y acepten unas elecciones libres y democráticas (por eso suelen llamarse “cortes harakiri”). Este profundo cambio tuvo sus enemigos: la extrema derecha (ligada al franquismo: Fuerza Nueva), la extrema izquierda (ligada al comunismo: GRAPO) y el nacionalismo radical (ETA). (Ver ANEXO 15)
El nuevo Gobierno (presidido por Adolfo Suárez) se encuentra con tres graves problemas: la crisis económica, graves conflictos sociales y unos índices de inflación y paro muy elevados. Para solucionar estos problemas y caminar hacia la democracia se firman los “Pactos de la Moncloa” entre el Gobierno, los Partidos Políticos, los Sindicatos Obreros y los Empresarios. Con el flanco económico asegurado se redacta y aprueba la Constitución de 1978 y, tras ella, los primeros Estatutos de Autonomía (entre ellos el vasco). (Ver ANEXO 17: “El segundo Gobierno de UCD”).
8.3. Las primeras elecciones generales y la Ley de Amnistía de 1977
a.- Las primeras elecciones democráticas, (desde 1936) se celebraron en 1977. Poco antes, en un gesto de audacia, se legalizó el Partido Comunista (enemigo principal del régimen durante cuarenta años) y Don Juan (príncipe heredero) renuncia a la corona a favor de su hijo, don Juan Carlos. En estas elecciones triunfa, aunque de manera no absoluta, la UCD (Unión de Centro Democrático), que obtiene 165 escaños. A cierta distancia se sitúa el PSOE (118). El Partido Comunista y el Franquismo no pasan de los 20 escaños. Los nacionalismos obtienen una representación importante (CIU 13 y PNV 8). La extrema derecha y la democracia cristiana se quedan sin representación. (Ver ANEXO 16: “El primer Gobierno de UCD”).
- b) La Ley de amnistía de 1977
La ley de amnistía de 1977 fue la culminación de un proceso que comenzó en 1975, con la coronación del rey Juan Carlos I cuando se promulgó un primer indulto que sacó de la cárcel a 5.000 presos. En 1976, Adolfo Suárez aprobó un segundo en el que liberaba a presos políticos -aunque no a aquellos que hubieran cometido delitos de sangre- como Marcelino Camacho, un histórico militante de CC.OO.
Qué decía la Ley de Amnistía del 77
El cuerpo de la ley establecía así «la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante la Dictadura». Afectaba también a autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o hubieran violado «los derechos de las personas».
La Ley de Amnistía de 1977 no fue solo un logro político: fue ante todo la respuesta a un clamor de la calle para que se liberara a los presos políticos de las cárceles franquistas. Sin embargo, la polémica ha perseguido a esta norma porque hay quien considera que «liberaba de las condenas a los líderes del franquismo». Sin embargo, según recordaba el historiador aragonés Eloy Fernández Clemente, la amnistía fue una aspiración democrática. Esta ley se entendió como una condición ‘sine qua non’ para hacer creíble el proceso de transición democrática. «Una amnistía mutua de un pueblo que había visto limitados sus derechos fundamentales y podía también amnistiar a quienes le habían herido». Fue uno de los primeros pasos que daba la democracia en España tras la legalización del PCE y la convocatoria de elecciones, pero antes de la redacción de la Constitución.
8.4. La Constitución de 1978 y Los Estatutos de Autonomía
- a) La Constitución
– Proceso de realización: A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes.
Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, los “padres de la constitución”, fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en representación de la Minoría Catalana y del PNV; y Manuel Fraga de AP. La ausencia de un representante del PNV, ligada a la cuestión de los “derechos históricos”, tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.
Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.
- Contenido de la Constitución: En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución: se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria.
El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución.
El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles. Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.
Título II: En lo que se refiere a la Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.
Título III: La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado: Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
Título IV: El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
Título VI: Los Jueces y Magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.
En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales.
La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español. Ver ANEXOS 14 (“Los años ochenta”) y 15 (“La consolidación democrática en Euskal Herria”).
La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.
- b) Los Estatutos de Autonomía
Ante el deseo de autogobierno de vascos y catalanes, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Constitución.
Suárez optó por el restablecimiento formal de la Generalitat, en septiembre de 1977. En el País Vasco, en diciembre de ese mismo año, se creó el Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para la región. A principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones preautonómicas. Entre abril y octubre de 1978 se crearon, por decreto-ley, organismos preautonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias.
Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, el gobierno de UCD optó por impulsar la generalización del principio de autonomía regional. Se trataba de lo que coloquialmente se denominó “café para todos” y prefiguró el futuro constitucional de la estructura territorial de España.
8.5. Los primeros pasos de la autonomía vasca: el Estatuto de Gernika de 1979
De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución Española de 1978, el País Vasco era considerado «Comunidad Histórica» y podía acceder a la autonomía plena prevista en el artículo 151 de la misma. Además, la Disposición Adicional Primera reconocía sus “derechos históricos”, que se actualizarían en el régimen autonómico que se pretendía construir. Vista la imposibilidad de integrar a Navarra en un proyecto común, por la oposición de la mayoría de los partidos políticos navarros, la Asamblea de Parlamentarios Vascos reunida en Mayo de 1977 aprueba la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía que se presentaría al Gobierno, al Parlamento y que habría de ser aprobado en referéndum.
- Proceso de redacción
Tras constituirse provisionalmente en 1977 las Juntas Generales de cada «territorio histórico» -denominación que a partir de ahora recibirán las provincias vascas y Navarra-, un Real Decreto de Enero del año siguiente establecía la formación del Consejo General Vasco como órgano superior de gobierno preautonómico, integrado por tres representantes de cada territorio histórico elegidos por sus Juntas Generales. Su actuación se vio dificultada tanto por la proliferación de organismos similares en todas las regiones españolas como por la escasa voluntad del gobierno central de proceder a transferencias reales de poder. En cualquier caso, de acuerdo con lo decidido por la Asamblea de Parlamentarios Vascos, en diciembre de 1978 se constituyó una ponencia redactora de un anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que tras concluir sus trabajos a toda prisa y hacerlo aprobar por la Asamblea, remitió el anteproyecto al gobierno central el 29 de Diciembre.
- Características del Estatuto
El Estatuto de Guernica, aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 con una participación del 58,8% del censo y un 90,3% de votos afirmativos, establece un sistema de gobierno parlamentario, en el que el lehendakari ha de recibir la confianza del Parlamento Vasco, el cual es elegido por sufragio universal e integrado por 75 diputados (25 por cada uno de los tres Territorios Históricos).
Lo que hace al Estatuto de Autonomía del País Vasco distinto a los demás no es el número de las competencias transferidas -o que se pueden trasferir, pues el proceso aún no ha sido completado- sino el hecho de que, a la vez que en el ordenamiento constitucional, la autonomía vasca se fundamenta en la foralidad histórica, reconocida en la Constitución española. A partir de este supuesto, el País Vasco obtiene un procedimiento de financiación especial (sólo equivalente al de Navarra) basado en una actualización de los Conciertos Económicos establecidos tras la abolición de los Fueros en 1876 y que se mantenían en Álava y Navarra pero habían sido derogados en Guipúzcoa y Vizcaya por el régimen franquista al finalizar la Guerra Civil. Igualmente, el Estatuto permite la formación de una policía propia, la Ertzaintza, con vocación de policía integral y desplegada por todo el territorio. Por último, es también una cierta visión de la foralidad la que lleva a constituir una organización territorial especial, en la que las Diputaciones Forales tienen tantas atribuciones que entran en ocasiones en conflicto con el Gobierno Vasco.
8.6. Los años de plomo: el terrorismo y violencia política
«Los años de plomo» en España, que abarcan aproximadamente desde finales de los años 70 hasta principios de los 80, se caracterizaron por un incremento significativo de la violencia política y el terrorismo, especialmente por parte de ETA y otros grupos armados. Esta etapa coincidió con la Transición española hacia la democracia y representó un desafío importante para la estabilidad del país.
Contexto y características: estos años coinciden con el periodo de transición política y se enmarcan en la actividad terrorista de grupos como ETA, GRAPO y organizaciones de extrema derecha que perpetraron atentados y acciones violentas con diferentes objetivos ideológicos.
ETA: La banda terrorista ETA fue uno de los principales actores de la violencia, con el objetivo de lograr la independencia del País Vasco a través de acciones armadas.
GRAPO: Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) eran un grupo terrorista de extrema izquierda que buscaba establecer una república socialista.
Grupos parapoliciales: También hubo grupos de extrema derecha que actuaron con violencia, a veces en colaboración con fuerzas de seguridad, con el objetivo de frenar la democracia o combatir a ETA. La violencia terrorista causó numerosas víctimas mortales y heridos, así como un gran impacto en la sociedad española.
Análisis y consecuencias: esta violencia terrorista buscaba desestabilizar la Transición y evitar la consolidación de la democracia; la Respuesta del Estado fue implementar medidas para combatir el terrorismo, como leyes antiterroristas y operativos policiales, pero también se produjeron casos de abusos y excesos. Todos estos sucesos generaron miedo, incertidumbre y división en la sociedad española.
8.7. Crisis económica y conflictividad social. El movimiento obrero y los movimientos sociales
La transición española estuvo marcada por una profunda crisis económica y una creciente conflictividad social, que impulsó el desarrollo del movimiento obrero y otros movimientos sociales. Estos movimientos, a través de la movilización y la protesta, jugaron un papel crucial en la configuración del nuevo régimen democrático.
La crisis económica y la conflictividad social vino provocada por varias circunstancias como fueron: la crisis del petróleo de 1973 (que generó inflación, desempleo y malestar social); una estructura económica obsoleta (economía basada en sectores tradicionales y con una alta dependencia del exterior) y el aumento del paro (afectando especialmente a los jóvenes y a las mujeres). Esto, tuvo como primera consecuencia la acentuación de las desigualdades sociales, generando frustración y resentimiento entre la población y, al mismo tiempo, la proliferación de huelgas y protestas, impulsadas por el movimiento obrero y otros sectores sociales.
Un movimiento obrero configurado por los Sindicatos, especialmente Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) que jugaron un papel clave en la organización de la resistencia obrera y en la lucha por la mejora de las condiciones laborales.
Junto al movimiento obrero, debemos situar los partidos políticos de izquierda, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE), que canalizaron la protesta social y participaron en la negociación con el gobierno para la transición. Igualmente determinaos movimientos sociales, surgidos entonces, como como el feminismo, el ecologismo y el movimiento vecinal, que ampliaron el abanico de reivindicaciones y contribuyeron a la democratización de la sociedad.
En resumen, la crisis económica y la conflictividad social fueron elementos clave en la transición española, impulsando la movilización del movimiento obrero y otros movimientos sociales, que a su vez desempeñaron un papel fundamental en la negociación política y en la consolidación del nuevo régimen democrático
8.8. El intento de golpe de estado de 1981
El intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, conocido como «23-F», fue un fallido golpe de estado en España que buscaba derrocar la monarquía parlamentaria y la transición democrática iniciada tras la muerte de Franco. Un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero, interrumpió la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del gobierno, tomando como rehenes a los diputados en el Congreso. Simultáneamente, el capitán general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de excepción en Valencia y desplegó tropas militares en las calles. El golpe fracasó gracias a la firme oposición del rey Juan Carlos I, quien ordenó a los militares sublevados regresar a sus cuarteles, y a la posterior movilización ciudadana en apoyo a la democracia.
- Desarrollo de los hechos: el 23 de febrero de 1981, durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles, interrumpiendo la sesión y tomando a los diputados como rehenes. Simultáneamente, en Valencia, el capitán general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de excepción y desplegó tanques en las calles, tomando el control de la ciudad.
- Respuesta del Rey: El rey Juan Carlos I, en un mensaje televisado a altas horas de la noche, ordenó a los militares sublevados que regresaran a sus cuarteles, rechazando el golpe de estado. Ante la falta de apoyo de otras unidades militares y la firme oposición del Rey, los asaltantes del Congreso se entregaron y Milans del Bosch retiró sus tropas de Valencia.
- Manifestación ciudadana: Tres días después, el 27 de febrero, una multitudinaria manifestación en Madrid expresó el apoyo a la democracia y la Constitución, consolidando la victoria de la democracia frente al golpe.
El intento de golpe de estado del 23-F, aunque fallido, marcó un momento crucial en la transición democrática española, demostrando la fragilidad de la joven democracia y la necesidad de defenderla. El fracaso del golpe consolidó la figura del Rey Juan Carlos I como garante de la democracia y fortaleció el sistema democrático español. El golpe también puso de manifiesto las tensiones políticas y militares existentes en la época, así como la necesidad de superar la división y el conflicto.
8.9. Las elecciones generales y autonómicas
- a) Mientras UCD se resquebrajaba, el PSOE se preparaba para hacerse cargo del Gobierno. Empeñado en modernizar ideológicamente su partido, Felipe González había salido, en 1979, vencedor del pulso con el sector más «dogmático» del PSOE, consiguiendo que este abandonara el marxismo ortodoxo y presentara así una imagen socialdemócrata. El lenguaje socialista cambió, tras arrinconar conceptos como «sociedad sin clases» y dar paso a otros alusivos a la «modernización y vertebración» de España. Otro factor que benefició fue la crisis interna del PCE, a raíz de las elecciones de 1979, especialmente en Cataluña y el País Vasco.
La propuesta socialista de cambio y modernización, con el objetivo de alcanzar el desarrollo económico y los servicios públicos europeos, conectaba con las aspiraciones de la mayoría de españoles. El PSOE, que ya había vencido en las elecciones andaluzas de 1982, logró ilusionar al electorado con un programa en el que prometía sanear a Administración, una política socialdemócrata, un referéndum sobre la permanencia en la OTAN y la creación de 800.000 puestos de trabajo. Todo lo demás lo hizo la popularidad de Felipe González.
Las elecciones se celebraron el 28 de octubre en 1982, en medio de un entusiasmo general que se manifestó en el nivel de participación, el más alto de los registrados hasta entonces: el 80% del censo. El PSOE recibió el apoyo del 48% de los votantes, alcanzando una holgada mayoría absoluta que le otorgaba 202 diputados en un Congreso que contaba con 350. Nunca en España un partido político había conseguido tan abultada victoria, que le confería un margen de maniobra parlamentaria sin precedentes.
Tras los ganadores, y favorecido por el hundimiento de UCD, Manuel Fraga, al frente de AP, se convertía con sus 106 escaños en el líder de la derecha. Por su parte, UCD no lograba más que doce diputados. El PCE solamente obtuvo cuatro diputados. El CDS de Suárez solo pudo conseguir dos actas de diputados, mientras que CiU y el PNV se reafirmaban como las principales fuerzas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, respectivamente.
El 3 de diciembre de 1982, con Felipe González en la presidencia y Alfonso Guerra de vicepresidente, se formó el primer Gobierno socialista de la historia de España. La edad media de los integrantes del Gabinete era de 41 años. Llegaba al poder la «generación del 68», que no estaba comprometida con la herencia histórica de la Guerra Civil, sino que se había formado en el antifranquismo estudiantil de los años sesenta.
- b) Por otra parte, en 1980, se celebraron en el País Vasco las primeras elecciones autonómicas. Tuvieron lugar el 9 de marzo y dieron paso a la I Legislatura. Esta fue la única legislatura con 60 parlamentarios, 20 por territorio histórico (hoy en día son 25).
Los resultados de estas elecciones fueron: PNV (25), HB (11), PSE (9), EE (6), UCD (6), AP (2) y PCE (1). El candidato del PNV Carlos Garaikoetxea fue investido como primer lehendakari tras el final de la dictadura franquista.
