Vivienda obrera en los siglos XIX y XX

La acción pública como promotora de vivienda obrera

 

A mediados de siglo XIX, y tal como ya se habí­a señalado por algunos autores, se desarrolló una incipiente legislación para solucionar el problema de la vivienda; como la Real Orden de 9 de septiembre de 1853 que instaba a los gobernadores civiles de Madrid y Barcelona a construir casas para pobres, o el Proyecto de Ley de 1878  sobre «Construcción de barriadas para  obreros» que fue aprobada por el Senado y rechazada en el Congreso de los diputados. Mientras tanto, a pesar de estas propuestas, la acción directa del Estado solamente se dejó sentir en casos muy aislados de concesión de exenciones fiscales, como en la Constructora Benéfica de Madrid, o se limitó a auspiciar económicamente algunos proyectos filantrópicos de barrios para obreros, fundamentalmente en Madrid (Castrillo Romón  2001, p. 260-264 )

Por otra parte, a escala local el alcance de algunas de estas disposiciones fue también muy limitado, si bien en algunas ciudades como Barcelona y  Burgos el decreto de 1853 dio lugar a debates y propuestas de interés. En el caso de Barcelona cabe destacar la que formuló el arquitecto Josep Oriol Mestres en 1854 para construir un edificio de viviendas colectivas para obreros en  terrenos del barrio de les Corts, que respondí­a a un encargo de la Comisión creada por el Ayuntamiento de Barcelona para dar cumplimiento al mencionado decreto de 1853 (Tatjer 2003). Dicho proyecto -que no llegó a materializarse- fue motivo de un amplio debate sobre la tipologí­a unifamiliar o colectiva de las casas obreras, en el que participaron activamente, entre otras entidades, el Ateneo Catalán y la Sociedad Económica de Amigos del Paí­s; precisamente esta Sociedad realizó una propuesta alternativa en forma de casas unifamiliares, de las que únicamente se llegó a construir una de ellas (Bouza 2003). En Madrid hubo, en 1862, una propuesta similar, la «villa Isabel II» proyectada por Daguillon , que tampoco llegó a buen fin (Diez de Baldeón 1986).

En Burgos se produjo una respuesta  algo más tardí­a, ya que diez años después, en 1863, el Ayuntamiento compró un solar para edificar 200 viviendas, proyecto que al igual que el de Barcelona no llegó a buen término (Bernal 2001, p.52 )

A partir de la Restauración monárquica se intensificó la acción pública de carácter indirecto, fundamentalmente a través de ayudas a entidades  y sociedades benéficas y filantrópicas.  Pero solo en 1903, con la creación del Instituto de Reformas Sociales, se lograrí­a entrar en una fase de realizaciones gracias a  la promulgación  en 1911 de la primera Ley de Casas Baratas y de las medidas legales que le siguieron.

Con estas leyes se producirí­a un mayor intervencionismo estatal, tanto por la ví­a de las subvenciones y de las exenciones de impuestos, entre otras fórmulas de ayuda, como por la ví­a de estí­mulo a los debates y propuestas. No se contarí­a con una decidida intervención estatal directa en la construcción o promoción de vivienda obrera, si bien durante los años de la dictadura de Primo de Rivera se producirí­a una fuerte ayuda pública para las casas baratas y económicas en régimen cooperativo destinadas a funcionarios y empleados. En estos mismos años se crearí­a el Patronato de Polí­tica Social Inmobiliaria del Estado y se construirí­a el mayor numero de casas baratas.

Durante la Segunda República (1931-1939) se intentarí­a incrementar la eficacia de las cooperativas como forma de solucionar los problemas de la vivienda obrera. Para ello se impulsó su organización regional y estatal y se propuso la creación de un Servicio de Crédito Social en colaboración con el Instituto Nacional de Previsión y las Cajas de Ahorro, y se planteó una ayuda importante a las cooperativas de vivienda (Arias 2003, p. 65-68). Pero la única medida legislativa aprobada en este periodo serí­a la Ley Salmón, de 21 de junio de 1935, para el fomento de la vivienda en alquiler mediante exenciones fiscales, decretada en pleno bienio conservador y dirigida más a clases medias y a los propietarios que construyeran para alquilar. Durante los años de la guerra civil se decretaron algunas medidas de urgencia, entre las cuales la rebaja de alquileres,  la ocupación de las viviendas vací­as o la incautación de las viviendas de los facciosos, es decir los partidarios de la sublevación militar contra la República.

La intervención directa del Estado a través de sus diferentes instancias solo se producirí­a de forma intensa y fuertemente regulada en el perí­odo de la Dictadura franquista. Durante cuarenta años (1939-1979) la acción del Estado se dejó sentir a través de un entramado de diferentes organismos en el marco del nacionalsindicalismo (Instituto Nacional de la Vivienda, Obra Sindical del Hogar, Gobiernos civiles, Patronato Francisco Franco, etc.) así­ como por la actuación de los propios municipios e incluso de las Diputaciones. Esa acción se dejó sentir de forma tan contundente que marcó profundamente el paisaje de las ciudades españolas con promociones de repercusión social y de valor arquitectónico muy diverso.

Dentro de este conjunto de instituciones franquistas destaca la Obra Sindical del Hogar, que levantó en el conjunto de España, entre 1942 y 1970, 266.398 viviendas,  especialmente en las provincias de Madrid, Barcelona y Sevilla (Barreiro 1997).

Para ello se desarrolló un amplio y diverso marco normativo, desde la Ley de 1939 o las de 1944 y 1948, hasta la ley de 15 de julio de 1954 sobre viviendas de renta limitada; esta última, con un texto refundido en 1963, estuvo vigente hasta 1993, durante los últimos años en paralelo con la ley de viviendas protegidas de 1988.

Durante la república y la guerra civil española de 1931 a 1939, las instituciones autonómicas  y los ayuntamientos de algunas regiones desempeñaron un importante papel en la  promoción y gestión de la vivienda obrera, aunque breve y difí­cil debido a la situación bélica. Este es el caso Generalitat de Catalunya, con la creación en 1937 del Comisariat de la Casa Obrera que edificó la conocida Casa Bloc, obra del GATCPAC, propuesta como modelo de las nuevas viviendas para obreros, y con el Decreto de 11 de junio de 1937 que establecí­a la municipalización de la propiedad urbana (Roca 1972) que se aplicó en la mayorí­a de ciudades catalanas.

En algunas regiones, las Diputaciones provinciales desempeñarí­an a lo largo del primer tercio del siglo XX un papel destacado en la promoción de casas para obreros, acogiéndose a los beneficios de las leyes de las casas baratas. En este sentido actuarí­a de una forma eficaz la Diputación de Vizcaya (Domingo 2004), mientras que otras, entre ellas la de Barcelona, auspiciarí­an proyectos con resultado no tan exitoso.

Las promociones de empresas

 

En la mayorí­a de localidades las grandes empresas, en especial de minerí­a, siderurgia y textiles, primero, y, más adelante, de infraestructuras, como las de ferrocarriles, y de  construcción y explotación de centrales hidroeléctricas realizaron desde mediados siglo XIX hasta prácticamente el ultimo tercio del siglo XX una polí­tica de construcción de viviendas para sus trabajadores en lugares próximos a las instalaciones productivas que poseí­an.

En paralelo con las colonias obreras aparecen pequeñas promociones de algunos empresarios que construyen a partir de mediados del siglo XIX pequeños grupos de viviendas de alquiler para trabajadores. Son numerosos los ejemplos de esta tipologí­a a medio camino entre el paternalismo patronal y la inversión inmobiliaria, en forma de casas de renta o inquilinato que realizaban algunos empresarios propietarios de industrias próximas a las viviendas; los casos de Can Saladrigas en el barrio barcelonés del Poblenou en 1880 (Sintes 2004, p. 35-37), o los de Jambrina en la Sagrera, y, ya en el siglo XX, los de la familia Castells en Les Corts (Andrés 2003) son buen ejemplo de ello.

En el primer tercio de siglo XX la Ley de Casas Baratas favoreció la construcción de estas viviendas para trabajadores de empresas industriales y de servicios, las cuales o bien las promovieron directamente o bien estimularon y apoyaron la creación de cooperativas de sus empleados para construir este tipo de alojamientos. Cabe señalar en este sentido la cooperativa de casas baratas de los empleados de Tranví­as de Barcelona, que recibió el apoyo de la propia sociedad de transporte.

La actuación de empresas como promotoras de viviendas para sus  propios trabajadores alcanzó un desarrollo considerable en las décadas posteriores a la guerra civil, unas veces manteniendo la tipologí­a de colonias o conjuntos de casas al lado de las instalaciones industriales , y otras en forma de grupos de inmuebles situados en los grandes polí­gonos de promoción pública de la periferia, o en edificios que se localizaban en el tejido urbano consolidado de la ciudad.

Las disposiciones dictadas al efecto (como la Ley de 17 de julio  de 1946) que obligaban a  las empresas a destinar recursos para construir casas para sus trabajadores contribuyeron a extender este tipo de actividad constructora de vivienda para obreros.

De  nuevo,  será en las grandes zonas industriales y mineras del Norte de España donde este tipo de construcciones alcancen una mayor extensión. En Gijón, UNINSA edificarí­a  dos mil viviendas en acceso a la propiedad a partir de 1966 (Llorden Miñambres 1994). En Valladolid cabe destacar la actuación de la empresa FASA que entre 1963y 1965 construyó 418 viviendas para sus obreros y empleados, así­ como las promociones de otras dos empresas vinculadas al sector automovilí­stico -FACSA y FAMESA- con un total de 72 y 144 viviendas todas ellas en el barrio obrero de las delicias (Garcí­a Cuesta 2000, p. 219-220).

En Zaragoza, diversas empresas industriales construirán grupos de viviendas para sus trabajadores; entre ellas destaca la Colonia Fabril de la fabrica de manufactura de caucho de Criado y Lorenzo (Martí­ 1994). En el mismo sentido, cabe señalar ejemplos barceloneses -conocidos pero escasamente estudiados- de numerosas empresas industriales como la cervecera Damm (Cabana 2001, p.171), Platerí­as Ribera (Tatjer y Vilanova, 2004), la Seda de Barcelona en el Prat, así­ como de servicios (Sociedad general de Aguas de Barcelona, FECSA), o también de entidades bancarias (Banca Garriga Nogués). Como en muchos otros casos, apenas disponemos de trabajos sobre la actuación promotora de este tipo de empresas en diferentes ciudades, y estamos lejos de disponer de un panorama de conjunto.

La  iglesia  y las casas para obreros

Generalmente, se ha considerado que la intervención de la Iglesia española, a través de una amplia y difusa red de instituciones desde los obispados hasta entidades más o menos seglares vinculadas a órganos eclesiales, se inicia a partir de 1883 con la puesta en práctica de las directrices emanadas de la encí­clica de León XIII Rerum Novarum. A pesar de ser cierta esta consideración, cabe señalar algunas  propuestas anteriores. Desde hace tiempo algunos trabajos habí­an puesto ya de relieve esta intervención de carácter benéfico, como es el muchas veces citado caso de la Constructora Benéfica de Madrid, que construyó el barrio del Pací­fico.

En algunas ciudades como Alicante, Burgos, Córdoba, Orense Bilbao, Zaragoza  entidades relacionadas con la Iglesia a través del obispado o del sindicalismo de los Cí­rculos Católicos Obreros participaron en el primer tercio de siglo XX en la organización y promoción de cooperativas de casas baratas (Bernal 2001, p.133;  Castrillo p. 360-271; Estarán 2003). Por el contrario, en Cataluña creemos que fue muy escasa o más bien nula la iniciativa eclesial en la promoción de viviendas para obreros en este periodo.

El panorama cambió en toda España en los años de la posguerra, cuando de la mano del nacionalcatolicismo imperante durante el franquismo la intervención de la iglesia será muy destacada, con la creación de numerosos Patronatos vinculados a los Obispados, a parroquias de barrios obreros y a grupos de cristianos de base. Los trabajos de Martí­n Checa- un destacado estudioso del tema- han tratado de establecer las vinculaciones entre diferentes organismos ligados a la iglesia católica -tales como Patronatos, grupos de empresarios católicos (Asociación Católica de Dirigentes), Cáritas, Acción Católica, HOAC, JOC- en la promoción y construcción e casas para obreros. Entre ellos destaca dicho autor la acción directa del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarí­stico en Barcelona y otras poblaciones de su entorno, a raí­z de la celebración de este evento en la capital catalana (Checa 2001); este mismo autor ha analizado, también, la intervención indirecta en cooperativas como la del Sagrado Corazón en el distrito industrial de Poblenou, o la Cooperativa Graciense de viviendas en el barrio de Grí cia, ambas vinculadas a las parroquias de cada uno de estos barrios barceloneses (Checa, 1999; Vila, 2002).

Las entidades de crédito y el alojamiento obrero

Hay que destacar también la intervención directa de las cajas de ahorro en la construcción de casas baratas y viviendas para grupos sociales de baja renta. Una de las pioneras fue, sin duda, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, la cual construyó en 1908 un grupo de 36 casitas unifamiliares; dichas viviendas -derribadas en la década de 1970- fueron premiadas por el propio Ayuntamiento en 1909.

Esta misma caja de ahorros realizarí­a en el periodo anterior a la guerra civil otras dos promociones de vivienda colectiva en régimen de alquiler, una de ellas destinada a grupos populares (Tatjer 2002, p. 251-256).

Igualmente en Barcelona, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros proyectó en 1915 un conjunto de pequeña ciudad-jardí­n con 74 casitas unifamiliares, la cual habí­a de edificarse sobre una manzana del ensanche de Sant Martí­ de Provení§als. No llevado a cabo este proyecto, su actuación se limitó en estos años a la financiación de casas baratas, en particular, y de vivienda popular en general.

Otros ejemplos también pioneros serí­an los de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, que a partir de 1912 asumió»el protagonismo en la construcción de vivienda obrera en la ciudad, puesto que intervino en la construcción de un centenar de viviendas, la mitad de ellas de forma directa (Reguera 1987, p. 236 y 243 ).

Otras entidades de crédito españolas, como la Caja de Previsión Social de Valencia, también llevarí­an a cabo promociones de viviendas; entre ellas la conocida como «la finca roja», edificio colectivo  de casas económicas levantado en 1929 en la capital valenciana (Blat 2000, p. 170).

Sobre las otras cajas de ahorro u otras entidades de crédito en este periodo conocemos la actuación de entidades financieras-constructoras  como el ya citado madrileño Banco de Ahorro y Construcción,  con delegación permanente del Estado, que construyó en León (Reguera 1987, p. 238-39)

La promoción directa de viviendas  después de la guerra civil  por parte de las grandes cajas de ahorros alcanzó cifras importantes en algunas ciudades españolas. La Caja de  Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona llegarí­a a organizar su propia empresa constructora, la Constructora benéfica Santa Eulalia. En el caso de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, vale la pena recordar que en la década de 1970 constituyó, tras la venta de buena parte de sus inmuebles de renta, la Inmobiliaria Colonial; tras la fusión de ambas cajas en la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona esta entidad se ha convertido en una de las grandes inmobiliarias del paí­s.

Otra de las grandes lí­neas de intervención de las cajas de ahorro fue, desde su creación hasta la década de 1970, la financiación de viviendas. En Cataluña la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y la Caja de Pensiones, junto con cajas de otras poblaciones catalanas (como Manresa, Terrassa, Sabadell o Tarragona) desarrollaron una activa polí­tica de créditos para la construcción de casas baratas (Tatjer 2002, p. 258-260), a la vez que, en algún caso, intervinieron de forma directa en ello (por ejemplo, en Mataró).

Después de la guerra civil prácticamente todas las cajas de ahorro españolas se sumaron a la financiación y a la construcción de casas para obreros y la puesta en el mercado de vivienda asequible, generalmente acogiéndose a las diferentes legislaciones sobre vivienda social. En Valladolid, se ha señalado que la Caja de Ahorros Popular se convirtuió en un verdadero promotor inmobiliario en la ciudad, ya que con 22 promociones y 1306 viviendas entre 1962-1987 fue el sexto mayor promotor (Garcí­a Cuesta 2000, p. 117 y 228)

Después de varias décadas de nula actividad en materia de vivienda social -aparte de algún programa dirigido a colectivos en situación de precariedad- recientemente algunas cajas de ahorro, como la Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona, están proyectando conjuntos de viviendas de alquiler reducido destinadas a colectivos de rentas bajas.

El papel de la iniciativa privada en las formas de la vivienda popular y obrera

A lo largo de los dos siglos estudiados la iniciativa privada ha sido la principal proveedora de vivienda obrera en régimen de alquiler. A partir de la etapa manufacturera de la segunda mitad del siglo XVIII, la difusión de la casa de renta, y luego la desamortización eclesiástica de 1835 -por la que los bienes urbanos que poseí­an las órdenes religiosas en forma de casas de alquiler fueron vendidos en subasta- permitió generar un amplio mercado de vivienda en alquiler para la clase obrera. Se realizan entonces importantes inversiones en la compra, en la reconstrucción y nueva  edificación de viviendas de alquiler para obreros en el centro de las ciudades; solí­an ser viviendas pequeñas, en áreas muy densas -como el Raval barcelonés- en las que las fabricas alternaban con los espacios residenciales (Tatjer 1998).

Los inversionistas en casas de renta eran personas particulares que procedí­an de la alta  y media burguesí­a de rentistas, pero también  en muchos casos de la pequeña burguesí­a de comerciantes, pequeños industriales, sin olvidar empleados y obreros de servicios. Todos ellos canalizaban así­ sus beneficios o sus ahorros, constituyendo, no obstante, una estructura oligopolista controlada por los grandes propietarios (Massana 1985, p. 192-196 ).

Otra de las formas de alojamiento obrero fue la sobreocupación del espacio residencial, conviviendo varias generaciones de la misma familia o varias familias en una misma vivienda (los conocidos como realquilados), o también hospedando a familiares u otras personas.

Ambas formas de vivienda obrera, que en caso español no desaparecerí­an hasta la segunda mitad del siglo XX, han merecido escasa atención por parte de los investigadores; apenas unas referencias en estudios de casos con las fuentes más asequibles para ello, como son los padrones de habitantes (Oyón 2001, p. 124-127).

El reaprovechamiento y compartimentación de edificios y también de antiguas fábricas,  así­ como las construcciones en patios interiores o en los terrados de los inmuebles para crear pequeñas viviendas para obreros fue también una constante de las grandes ciudades españolas, entre las que destaca Barcelona. El resultado fue la densificación y la insalubridad de muchas viviendas proletarias del centro de las ciudades, situación ampliamente denunciada  por los higienistas a lo largo de los siglos XIX y XX.

Igualmente hay que señalar a lo largo del siglo XIX la difusión por muchas ciudades españolas de la tipologí­a de vivienda obrera colectiva formada por pequeños habitáculos situados alrededor de un patio. Esta tipologí­a de propiedad privada en régimen de alquiler, que supone un aprovechamiento especulativo del solar, recibirá diferentes denominaciones regionales -ciudadelas, cuarteles, corralas, casas de corredor, portones, conventillos, pasillos- que entroncan, en algunos casos, con construcciones tradicionales anteriores (Quirós 1982, de forma más general Capel 2005, cap. 3), será retomada en la década 1920-1930 con las consiguientes «mejoras» en las denominadas viviendas ultrabaratas o viviendas mí­nimas que en algunos municipios dieron alojamiento a una población obrera recién llegada (Blat 2004, p. 250).

Igualmente encontramos reductos de vivienda obrera en las zonas más populares de los Ensanche decimonónicos, ocupando tanto los pisos altos (buhardillas, sotabancos) o espacios interiores- pasillos (Tatjer 2003)- como inmuebles de renta con viviendas de escasa calidad, reducida superficie y equipamiento mí­nimo, construidos en la década de 1920 y 1930.

Las periferias urbanas tampoco quedaron al margen de la vivienda obrera de promoción privada. Desde la segunda mitad del siglo XIX la marcha de las industrias del centro de la ciudad hacia emplazamientos más alejados dio lugar a la constitución de los cinturones suburbanos industriales y obreros. En ellos mediante parcelaciones privadas que generalmente no respondí­an a ninguna planificación general se edificaron viviendas obreras de escasa altura de promoción privada en régimen de alquiler; en algunos casos fueron las llamadas en Valladolid casas molineras; en otros las casas de puerta y ventana; en otros, como en muchos núcleos industriales de Cataluña, se trata de una tipologí­a de vivienda de reducidas dimensiones – en torno a 50 m2- en edificios de dos y tres plantas que contaban con servicios mí­nimos. Son ejemplos relevantes de esta tipologí­a numerosos barrios de antiguos municipios hoy incorporados a la ciudad de Barcelona como Grí cia, Sants, Sant Martí­, Sant Andreu, así­ como en otras poblaciones industriales de Cataluña (Tatjer, 1993).

En los años posteriores a la guerra civil algunas empresas inmobiliarias y constructoras, acogiéndose a los beneficios de la legislación sobre vivienda (exenciones fiscales, provisión de materiales de construcción), se especializarí­an en la construcción de viviendas de escasa calidad, en alquiler primero y en venta después, en la periferia de las ciudades; dichas viviendas estaban en buena parte destinadas a la población obrera, aunque esto no se señalara especí­ficamente.

Ejemplos emblemáticos de dichas promociones serí­an las realizadas por constructores barceloneses como, R. Sanahuja o Figueras,  y por otras algunas empresas inmobiliarias (Alibes, y otros, 1975; Tatjer 2005); la mayorí­a de estos conjuntos de viviendas han presentado con el paso del tiempo serios problemas como el de la aluminosis por la utilización en los años 1950 y 60 de un cemento de fraguado rápido, que luego ha dado lugar a graves problemas estructurales (La Veu del Carrer 1992).

La libertad total en la contratación (corta duración, facilidad de desahucio y precios de los alquileres) a partir de la Ley de Inquilinato de 1842 y hasta su progresiva intervención gubernativa a partir de 1920 en adelante, proporcionó un largo periodo de ganancias a los propietarios rentistas sin apenas obligarles a introducir mejoras en las viviendas para la clase obrera.

No es extraño que esta situación generara a lo largo del perí­odo estudiado conflictos sociales y fuertes crí­ticas. En especial en el periodo entreguerras, 1918-1936, debido al fuerte aumento de los precios de alquiler y a la escasez de viviendas a buen precio para la clase obrera ante la debilidad  y poca efectividad de la construcción de casas baratas.

Más adelante, y a pesar de la congelación total de alquileres hasta 1964, los propietarios rentistas siguieron recibiendo las rentas de los inmuebles a la vez que desarrollaban estrategias para aumentar su rentabilidad; entre dichas estrategias cabe citar en los años de la posguerra el cobro de traspaso al potencial inquilino al desocuparse una vivienda, la autorización de huéspedes, los aumentos de alquiler en razón de obras de mantenimiento y mejora realizadas por parte de los inquilinos, mientras el propietario dejaba de intervenir en las partes comunes del edificio, situación que dio lugar a un parque muy deteriorado y obsoleto ocupado por la población obrera.

A partir de 1964, la paulatina liberalización de las rentas -hasta llegar a la situación actual tras el decreto Boyer (1985) y la actual ley de arrendamientos urbanos, de amplia liberalización (contratos de cinco años y amplias facilidades de desahucio)- sigue favoreciendo a los propietarios de fincas antiguas, que ahora son ocupadas por una población envejecida de antiguos inquilinos de clase obrera, y familias y jóvenes de baja renta junto a los inmigrantes extracomunitarios, especialmente en los centros de las ciudades y en las tramas históricas.

El barraquismo  y la autoconstrucción

Ni las polí­ticas sociales de casas baratas del primer tercio de siglo XX, escasas en número a pesar de su interés tipológico y de gestión, ni las polí­ticas de vivienda del franquismo a causa de su coste relativamente elevado y de las dificultades polí­tico-sociales de acceso, pudieron resolver el problema del alojamiento de los grupos obreros de menor renta: éstos se vieron abocados a formas de vivienda precaria como el barrraquismo y la autoconstrucción hasta prácticamente las últimas décadas del siglo XX.

Los primeros núcleos de este tipo surgieron a fines del siglo XIX, si bien su expansión y consolidación se realizarí­a entre 1920 y 1970. Las barriadas de el Prí­ncipe Pí­o o del Pozo del Tí­o Raimundo en Madrid, las villas-lata de Sevilla, las cuevas y graveras en Zaragoza, el Somorrostro, Pekí­n, Montjuic y el Carmelo en Barcelona,  o las coreas de las grandes ciudades vascas, son algunos ejemplos de estos núcleos de infravivienda que a pesar de su estigma social acogieron a varias generaciones de inmigrantes, quienes por medios propios o a través de los programas de públicos de erradicación del barraquismo acabarí­an, generalmente, ocupando después los grandes polí­gonos de viviendas.

En el marco de las polí­ticas de vivienda para las zonas de favelas y autoconstrucción  de algunos paí­ses de Iberoamérica, como es el caso de Brasil, estos tipos de estudio cobran una nueva perspectiva mas allá de la mera reconstrucción histórica (véanse las referencias en Capel 2003 y 2005).

La autoconstrucción, por su parte, iniciada en los años anteriores a la guerra civil en forma de parcelaciones privadas en ciudades como Barcelona (Oyón 1998, p. 79-84), se extendió ampliamente por la periferia de muchas ciudades españolas en los años del desarrollismo,  que dio lugar a una fuerte inmigración hacia las grandes ciudades. Ante la falta de alojamiento surgieron en la periferia de muchas ciudades formas de crecimiento en áreas  no planificadas como urbanas, o en espacios que antes de la guerra civil habí­an sido objeto de parcelaciones privadas o de frustradas ciudades-jardí­n, por lo cual solí­an carecer de infraestructuras y servicios. Generalmente, el usuario, que previamente habí­a adquirido una pequeña parcela, edificaba sin licencia de obras su propia vivienda de una sola planta con ayuda de algún albañil y de toda su familia.

De proletarios a propietarios

Prácticamente toda la polí­tica de alojamiento obrero desarrollada en España en este largo perí­odo acabará convirtiendo a la mayor parte de los obreros -exceptuando a los empleados residentes en las colonias industriales o en ciertos tipos de casas de empresas- en propietarios. El alquiler como forma de tenencia de la vivienda, apenas propuesto en algunos proyectos del inicio del movimiento cooperativo de viviendas, desaparecerá pronto de casi todas las propuestas en favor del acceso diferido a la propiedad, en términos de entre 20 y 50 años. Igualmente, las pocas casas de alquiler que se construyeron por organismos públicos y otras entidades acabarí­an a partir de la década de 1960-1970 -con el apoyo de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960- en propiedad por la venta a los inquilinos; este es el caso de las cajas de ahorro barcelonesas y de muchos propietarios privados de casas de renta en áreas de edificación antigua y alquileres congelados que vendieron a los inquilinos las viviendas en alquiler, en el momento en que éstas por su antigí¼edad empiezan a presentar problemas de mantenimiento y mejora, consiguiendo, mediante este proceso, obtener las últimas rentas de una propiedad ya amortizada (Tatjer 1988, p. 311-315)

De este modo, prácticamente desaparecido el debate entre propiedad y alquiler. La clase obrera, convertida en lo que algunos autores definieron como la «infanterí­a de la propiedad», ha de afrontar hoy, especialmente, en los antiguos barrios de autoconstrucción, en las áreas históricas y en buena parte de los polí­gonos de promoción privada o publica, la propiedad de unas viviendas, en muchos casos obsoletas, que plantean la necesidad de fuerte inversiones para paliar situaciones de graves patologí­as y para adaptarlas a los estándares modernos o a las necesidades de unos usuarios envejecidos, que en muy pocos casos pueden rentabilizar su propiedad a no ser a costa de su desplazamiento a la periferia o su regreso a los lugares de origen.