LECTURA: Desamortización
La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924). En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares.
Consistió en poner en el mercado, mediante una subasta pública, las tierras y bienes no productivos en poder de las llamadas «manos muertas», casi siempre la Iglesia Católica o las órdenes religiosas y territorios nobiliarios, que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos.
Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el erario obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.
La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del siglo XIX.
Carlos III, Carlos IV
Fue realizada en los reinados de Carlos III y Carlos IV entre 1766 y 1808. Se incluye la desamortización de Godoy y el ministro Cayetano Soler entre 1800 y 1808. En ella se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios Mayores universitarios e incluía también bienes no explotados de particulares.
José I
José I realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814.
Mendizábal
Durante el Trienio liberal (1820-1823) se llevaron a cabo otras desamortizaciones tan poco ambiciosas como ésta e igualmente deshechas tras la caída del régimen liberal. Las realmente importantes fueron, sobre todo, las de Juan ílvarez Mendizábal y Pascual Madoz.
La de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus resultados (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó como ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores) fueron relativamente pobres.
Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero sufragables en cambio por las oligarquías muy adineradas, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.
Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo.
Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos, principalmente aquellos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran parte de las propiedades de la iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros.
Espartero
El 2 de septiembre de 1841 el recién nombrado regente, el progresista Baldomero Espartero, impuso la desamortización de bienes del clero secular. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada.
En 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intenta restablecer las relaciones con la Iglesia, lo que lleva a la firma del Concordato de 1851.
Durante el segundo gobierno del progresista Espartero, su ministro de Hacienda, Pascual Madoz, realiza una nueva desamortización (1855) que fue ejecutada con mayor control que la de Mendizábal. El 1 de mayo de 1855 se publicaba en La Gaceta de Madrid y el 31 la Instrucción para realizarla.
Se declaraban en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las í“rdenes Militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén), cofradías, obras pías, santuarios, del ex infante Don Carlos, de los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con algunas excepciones. Igualmente se permitía la desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones.
Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores, sin embargo los historiadores se han ocupado tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. Su importancia reside en su duración, el gran volumen de bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española.
Después de haber sido motivo de enfrentamiento entre conservadores y liberales, ahora todos los partidos políticos reconocen la necesidad de acabar con las manos muertas para alcanzar un mayor desarrollo económico del país. Se suspendió la aplicación de la ley el 14 de octubre de 1856, reanudándose de nuevo dos años después, el 2 de octubre de 1858, siendo presidente O’Donnell del Consejo de Ministros, no cesando las ventas hasta fin de siglo, continuando a pesar de los diferentes cambios de gobierno.
En 1867 se habían vendido en total 198.523 fincas rústicas y 27.442 urbanas. El estado ingresó 7.856.000.000 reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de Deuda pública y obras publicas, reservándose 30 millones de reales anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España.
Tradicionalmente se le ha llamado al periodo de que tratamos desamortización civil, nombre inexacto, pues si bien es cierto que se subastaron gran numero de fincas que habían sido propiedad comunal de los pueblos, lo cual constituía una novedad, también se vendieron muchos bienes hasta entonces pertenecientes a la iglesia, sobre todo las que estaban en posesión del clero secular.
En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% pertenecía a la iglesia, el 20% a beneficencia y un 50 % a las propiedades municipales fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz.
Si generalizáramos y dividiéramos España en una zona sur con predominio del latifundismo y una franja norte en la cual existe una mayoría de explotaciones rurales medias y pequeñas, podríamos concluir de acuerdo con los trabajos de Richard Herr que el resultado de la desamortización será concentrar la propiedad en cada región en proporción al grado existente previamente, por lo tanto no se produjo un cambio radical en la estructura de la propiedad.
Las parcelas pequeñas que se subastaron fueron compradas por los habitantes de localidades próximas, mientras que las de mayor tamaño, las adquirieron personas más ricas que vivían generalmente en ciudades a mayor distancia de la propiedad.
En la zona meridional de predominio latifundista, no existían pequeños agricultores que tuvieran recursos económicos suficientes para pujar en las subastas de grandes propiedades, con lo cual se reforzó el latifundismo. Sin embargo esto no ocurrió en términos generales en la franja norte del país.
Otra cuestión diferente es la privatización de los bienes comunales que pertenecían a los municipios. Muchos campesinos se vieron afectados al verse privados de unos recursos que contribuían a su subsistencia (leña, pastos etc.), por lo cual se acentuó la tendencia emigratoria de la población rural que se dirige a zonas industrializadas del país o a América. Este fenómeno migratorio alcanza niveles muy altos a finales del siglo XIX y principios del XX.
Económicas
Saneamiento de la Hacienda Pública que ingresó más de 14.000 millones de reales procedentes de las subastas.
Se produjo un aumento de la superficie cultivada y de la productividad agrícola, asimismo se mejoraron y especializaron los cultivos gracias a nuevas inversiones de los propietarios. En Andalucía, por ejemplo, se extendió considerablemente el olivar y la vid. Todo ello sin embargo influyó negativamente en el aumento de la deforestación.
Culturales
Muchos cuadros y libros de monasterios fueron vendidos a precios bajos y acabaron en otros países, aunque gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o universidades. Quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico (iglesias, monasterios) con la subsecuente ruina de los mismos, pero otros en cambio se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para museos u otras instituciones.
Uno de los objetivos de la desamortización fue permitir la consolidación del régimen liberal y que todos aquellos que compraran tierras formaran una nueva clase de pequeños y medianos propietarios adictos al régimen. Sin embargo no se consiguió este objetivo, al adquirir la mayor parte de las tierras desamortizadas, particularmente en el sur de España, los grandes propietarios, como ya se ha comentado.
La desamortización de los conventos contribuyó a la transformación del modelo de ciudad. En muchas grandes ciudades, se pasó de la ciudad conventual, con grandes edificios religiosos, a la ciudad burguesa, con construcciones de más altura, ensanches y nuevos espacios públicos gracias a los derribos.
Los antiguos edificios religiosos pasaron a tener otros usos, muchos se transformaron en edificios públicos (museos, cuarteles, hospitales), otros fueron demolidos para la apertura de nuevas calles o el ensanche de las existentes, algunos se convirtieron en templos parroquiales o se subastaron y pasaron a manos privadas.
