LECTURA: El caso Matesa
El caso o escándalo MATESA fue uno de los escándalos político-económicos más importantes de España, durante la última etapa del franquismo.
El fraude
El escándalo estalló el 23 de julio de 1969 cuando el director general de Aduanas denuncia a Matesa (Maquinaria Textil del Norte S.A.) ante el Tribunal de delitos monetarios, que interviene la empresa y encarcela al empresario y principal accionista de la sociedad, Juan Vilá Reyes y también a otros accionistas y directivos. Se conoce que la empresa Matesa, fundada en 1956 como una empresa familiar, mantenía una deuda de 10.000 millones de pesetas con un banco público (el Banco de Crédito Industrial, dirigido por José González Robatto). La empresa había adquirido en 1957, las patentes de fabricación de un telar francés sin lanzadera (rebautizado por la empresa como Iwer), capaz de tejer cualquier clase de material, desde papel hasta fibra de vidrio. La empresa desarrolló más de 100 patentes y depósitos y las ofreció en el exterior, iniciando una expansión internacional.
La verdadera dimensión de la pretendida expansión internacional de la compañía mediante exportaciones de dicho telar quedó al descubierto con la visita a España del ministro argentino de industria (se comprobó que sólo se habían vendido 120 de los 1.500 telares que se habían enviado a Argentina sin comprador a fin de cobrar los créditos a la exportación a través del citado banco).
Para ello manipularon documentos y realizaron salidas ilegales de capitales por algunos miles de millones de pesetas.
Pérdidas del Estado
Según informaba el diario El país en 1983, la comisión liquidadora, creada para intentar recobrar los 9.800 millones de pesetas en créditos y 1.300 en intereses que debía Matesa al Banco de Crédito Industrial al estallar el escándalo, conseguió únicamente 6.900 millones de pesetas al valor de 1983, procedente fundamentalmente de las entidades de seguros. No se pudo cobrar nada de Matesa, ni prácticamente nada de Vilá Reyes.
Proceso judicial
El proceso supuso a Vilá Reyes las siguientes condenas:
Multa de 21.000.000 de pesetas impuesta por El Tribunal Especial de Delitos Monetarios en octubre de 1967 por un delito de evasión probada de 103,5 millones de pesetas.
Multa de 1.658 millones y tres años de prisión impuesta por el mismo Tribunal en mayo de 1970 y confirmada por el Tribunal Económico Administrativo Central en enero de 1972 (En virtud de indulto de septiembre de 1971, concedido por el general Franco, se le condonó el pago de la multa y el cumplimiento de una cuarta parte de la pena de prisión. El indulto le fue concedido antes incluso de la confirmación de la sentencia)
En mayo de 1975 la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó por dos delitos de estafa por 8.933 y 590 millones de pesetas respectivamente, 417 delitos de falsedad en documento mercantil y cuatro de cohecho activo. Se le impuso una pena de más de 223 años de prisión y 9.600 millones de pesetas de indemnizaciones o multas. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en febrero de 1976.
El proceso judicial que se produjo también declaró la condena de sus colaboradores más inmediatos y algunos empleados del Banco de Crédito Industrial acusados de negligencia o cohechos por agilizar los trámites en la concesión de créditos oficiales. La corrupción o negligencia no salpicó a nadie más, pues los tres ex ministros (Mariano Navarro Rubio, Juan José Espinosa San Martín y Faustino García Moncó) y otros altos cargos inicialmente procesados quedaron libres por el indulto de Franco y posteriormente sólo comparecieron como testigos. De sus declaraciones se desprendía que viajaron al extranjero invitados por Matesa a visitar fábricas y que sospechaban o conocían las irregularidades desde un período que oscila entre seis meses y dos años antes de divulgarse el asunto. También quedó probado que Matesa empezó a recibir créditos oficiales en 1964 y que Matesa llegó a recibir casi una cuarta parte de los recursos anuales del Banco de Crédito Industria.
Matesa fue embargada en 1969, después del escándalo. Desde aquel año la empresa continuó sus actividades industriales, bajo el control de un administrador judicial hasta marzo de 1983 en que subastada por 66.000 pesetas y adjudicada a una sociedad laboral formado por antiguos empleados de la misma, siendo nombrado director general de esta nueva empresa su antiguo propietario Vílá Reyes.
Consecuencias políticas
Quizá lo que convirtió el caso en excepcional fue el tratamiento de la prensa, que al amparo de la ley de prensa impulsada por Manuel Fraga desde el ministerio de Información, fue incitada a tratar particularmente este asunto con entera libertad durante un par de meses. En especial se destacó la revista SP. También fue excepcional la creación de una comisión de investigación en las Cortes, que elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres ex ministros (Mariano Navarro Rubio, Juan José Espinosa San Martín, de Hacienda, y Faustino García Moncó, de Comercio) y para un cuarto aún en activo (López Rodó), que posteriormente serían encausados por negligencia por el Tribunal Supremo (no así el ministro en activo). Las razones fueron el enfrentamiento entre dos sectores del gobierno, denominados azules y tecnócratas.
