El «harakiri» de las Cortes franquistas

El 18 de noviembre del 76, los procuradores del Salón de plenos de la Carrera de San Jerónimo se pusieron en pie para ovacionar la aprobación de su propia disolución con la Ley para la Reforma Política

Alas 21:35 del 18 de noviembre de 1976, un estruendoso y prolongado aplauso retumbó en el Salón de Plenos de la Carrera de San Jerónimo. Los procuradores de las Cortes se pusieron en pie para ovacionar la aprobación de su propia disolución con la Ley para la Reforma Política. Mientras, en el banco azul, Adolfo Suárez aplaudía emocionado mirando hacia los escaños. No era para menos. Había costado mucho convencer a los políticos. Luego, en los pasillos y galerías del Palacio de las Cortes se desató un ambiente distendido. Los disueltos se abrazaron sonrientes. Sabían que habían sido protagonistas de una jornada histórica que iba a cambiar el país.

La prensa lo bautizó como el «harakiri» de las Cortes franquistas. De los 497 procuradores presentes, 425 votaron a favor, 59 en contra y 13 se abstuvieron. Hacían falta dos tercios de la Cámara, y el proyecto alcanzó un 80% de votos afirmativos. José Antonio Girón de Velasco, líder del búnker, lo resumió al término de la sesión parlamentaria: «Ese día se suicidó aquel Régimen; le sirvió la pistola en bandeja de plata Adolfo Suárez». Pilar Primo de Rivera, procuradora y fundadora de la Sección Femenina, declaró: «Y para eso han muerto tantos…».

Detrás de la operación estaba Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Su plan era pasar «de la ley a la ley». Lo ideó en el verano de 1976. Iba a ser la octava Ley Fundamental que serviría para desmontar el régimen franquista desde sus propias instituciones. La clave residía en presentar la norma, no como una ruptura o derogación explícita, sino como un supuesto «perfeccionamiento y culminación lógica» de las Leyes Fundamentales. Esto permitía a los procuradores salvar sus propias conciencias manteniéndose fieles a los juramentos del pasado.

Para asegurar el triunfo parlamentario, Fernández-Miranda aplicó el procedimiento de urgencia para limitar los plazos a 25 días y trasladar la decisión directamente al Pleno de las Cortes. De esta manera se evitaba que el texto quedase enterrado en la Comisión de Leyes Fundamentales, dominada por la línea dura franquista. Simultáneamente, el Servicio Central de Documentación (SECED), bajo la dirección del teniente general Andrés Cassinello, coordinó la llamada «Operación Vendimia» o «Tenedor». El propósito era «influir» en los procuradores realizando investigaciones sobre su vida, miedos y aspiraciones. Ninguno, lógicamente, quería salir perjudicado. Además, según cuentan, una treintena de procuradores del estamento sindical, considerados irreductibles en su negativa, fueron enviados a un viaje con dietas suculentas a un congreso en Panamá con escala en el Caribe.

Aun así, el debate duró tres días. Las sesiones fueron retransmitidas en directo por Televisión Española. En el hemiciclo se escenificó el duelo entre la nostalgia y el cambio. Miguel Primo de Rivera y Fernando Suárez defendieron la ponencia gubernamental. Ambos apelaron a la responsabilidad de la generación que no hizo la guerra para fundar la concordia nacional.

Enmienda a la totalidad

Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva, sostuvo una enmienda a la totalidad. Afirmó que el proyecto entraba en conflicto total con la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Con una fuerte y estudiada retórica, Piñar argumentó que se atentaba contra los «ideales que dieron vida a la Cruzada» que daban legitimidad al Estado y a la Monarquía de Juan Carlos. Fue más allá. Llevado por su repudio al cambio, tildó el proyecto de «estúpida reforma democrática» y criticó que se quisiera sustituir la «ley de Dios» por las mayorías democráticas. José María Fernández de la Vega, también en contra, dijo que la política de Suárez representaba una «repulsa al contenido ideológico-político del Régimen nacido el 18 de julio y perfeccionado por Franco». Es más, afirmó que esa Ley iba contra lo que representó la «Cruzada Nacional» y que desataba el «nudo atado» por el «Caudillo».

La clave para amarrar la votación final se consiguió al negociar con el grupo de Alianza Popular –con unos 180 procuradores–. Discrepaba con el Gobierno en el sistema electoral. Suárez quería el proporcional, y AP, uno mayoritario. La transacción fue corregir la proporcionalidad. Así, el 18 de noviembre hubo mayoría para aprobar la Ley para la Reforma Política, que se sometería a referéndum el 15 de diciembre de 1976.

A la oposición no le gustó. Fue criticada por el PSOE, el PCE, el PSP de Tierno Galván, la democracia cristiana, la Assemblea de Catalunya y grupos nacionalistas vascos y gallegos. La reforma, dijeron, era «continuista». Querían una «ruptura pactada», no un «apaño franquista». Los socialistas iniciaron la campaña para el referéndum con el lema: «Abstenerse es votar por la libertad». El PCE también promovió la abstención. Tierno Galván dijo que era un «guisado de liebre sin liebre». Se equivocaron.

Tomado de www. https://www.larazon.es/

 

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