ME SUMO: «Intelectuales contra la Ley Celáa»

Cerca de 80 intelectuales han firmado un manifiesto en contra de la llamada ‘ley Celaá’. Se trata de «hacer un llamamiento en defensa de la lengua común, española y universal, a la que consideramos cada vez más atacada y agredida en particular con lo sucedido con la última ley Celaá, borrando su condición de lengua vehicular en la enseñanza».

Antonio Pérez Henares, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera lo siguiente: «Entendimos que por nuestra condición de escritores nos debíamos sentir, aún más si cabe, más concernidos y debíamos de hacer algo al respecto. De ahí surgió la idea de elaborar este manifiesto que fuimos pergeñando con aportaciones de unos y otros para luego invitar a otros autores a que lo suscribieran y hacerlo público. Eso hemos hecho».

Entre los firmantes se encuentran los premios Planeta Juan Eslava Galán, Carmen Posadas y Javier Sierra así como autores como Luz Gabás, Isabel San Sebastián, Karina Sainz Borgo, Alfonso Ussía, María Elvira Roca Barea, Almudena de Arteaga, Antonio Burgos, Emilio Lara, José Calvo Poyato, Jesús Sánchez Adalid, el ex director del Instituto Cervantes Jon Juaristi, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, Jesús Maeso, Ángela Vallvey, Luis del Val, Luis Antonio de Villena, Manuel Pimentel, Eva Díaz Pérez, Fernando Martínez Laínez, Fernando Savater, Inocencio Arias, Santiago Roncagliolo, Ferran Toutain y el propio Antonio Pérez Henares, entre otros.

El manifiesto nace contra la «nueva Ley de Educación, conocida como ‘Ley Celaá’, aprobada a instancias del independentismo y asumida como propia por el gobierno, ha eliminado de su articulado la condición del castellano como idioma oficial y vehicular en todo el Estado. Ello alfombrará definitivamente», continúa la protesta, «el camino para que se pueda proceder a la erradicación de nuestra lengua común en la enseñanza, tanto en Cataluña como en las comunidades a las que también se les antoje hacerlo».

Esta nota de protesta, recalca Antonio Pérez Henares, cuenta «con una premisa esencial, que lo hacíamos de manera personal, sin dependencia alguna. No pretende representar a nadie y [está redactado] con el máximo respeto a toda sensibilidad y tendencia».

El manifiesto consensuado por los cerca de 80 intelectuales señala que con la nueva ley educativa se «permitirá avanzar aún más en la erradicación del castellano en todos los niveles de enseñanza en Cataluña y otras comunidades. Busca cortar a hachazos el cordón umbilical y los lazos de unión que ensamblan y cimientan el sentimiento de pertenencia a una misma nación, expropiando, además, a las generaciones futuras el patrimonio y el tesoro común que es el castellano, español en el mundo, una lengua universal. Ello no solo privará, a esas generaciones, de conocer en profundidad la riqueza idiomática del español, sino que las desconectará paulatinamente del resto de compatriotas desde el punto de vista histórico y emocional».

«Se pretende una especie de ley seca contra la lengua española que la confine en la clandestinidad», continúa el manifiesto, «la encierre en una reserva o la destierre, para que los estudiantes catalanes y de otras autonomías no disfruten de don Quijote cabalgando por la Mancha, del ensoñador Macondo de García Márquez, de la Barcelona de Juan Marsé o de las novelas de Vargas Llosa. Porque la lengua castellana, tras expandirse geográficamente, se fue enriqueciendo y se convirtió en el español, un idioma vivo y palpitante que atesora un pasado esplendoroso y posee un venturoso porvenir en el mundo globalizado que nos ha tocado vivir».

«La Ley Celáa es un insólito ataque a nuestra lengua común que no debe ser interpretado como algo anecdótico, sino como una obra de ingeniería social, muy grata a todos los regímenes totalitarios, empeñados en experimentos de esa índole», continúan los firmantes. Y sentencian: «Nosotros, como escritores, quizás más obligados que nadie a defender la lengua que nos une, al tratarse de nuestra herramienta esencial de creación, hemos decidido levantar nuestra voz, a través de este llamamiento al colectivo y a la sociedad, para exigir el estricto cumplimento de la Constitución y el amparo efectivo del derecho de todos los españoles a «conocerla» y «usarla» en cualquier lugar de territorio español. Dicho ello sin menoscabo, sino bien al contrario, desde el mayor respeto, aprecio y cariño al uso del resto de lenguas habladas en España -españolas, por consiguiente-, porque constituyen un rasgo más de la riquísima heterogeneidad cultural nacional. Esa riqueza está felizmente a salvo. Pero lo que hoy está siendo agredido, y es ante lo que nos rebelamos, es el derecho de muchas personas a emplear el español con normalidad. Ningún hispanohablante ha de sentirse huérfano de sí mismo al serle vetado expresarse en la lengua en la que aprendió a conjugar los verbo amar, pensar, imaginar, comprender y vivir.

Tomado de www.elmundo.es

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