Educación: el pacto imposible

Todos los partidos están de acuerdo en que hay que reformar la educación en España, pero cada uno quiere reformarla a su manera. Cada tanto alientan la puesta en marcha de un pacto de Estado educativo, pero cuando más cerca están de conseguirlo, uno de los dos grandes partidos se levanta de la mesa de negociación, solícitos a sus clientelas respectivas. Lo hizo el PP cuando Ángel Gabilondo estaba a punto de consumar la gesta y lo ha hecho Sánchez cuando gobernaba Rajoy. Ahora el Gobierno socialista vuelve a impulsarlo, pero como siempre bajo premisas ideológicas sectarias. Irrita que los partidos españoles sean incapaces de promover conjuntamente una mejora duradera de la enseñanza que combata el fracaso escolar y mejore las calificaciones de nuestros estudiantes en los informes internacionales. En un mundo competitivo y global que impone la economía del conocimiento, la educación se convierte en el primer activo de un país y dicta su nivel de progreso futuro, premiándolo o condenándolo en función de la preparación de sus trabajadores. Todos lo saben, pero los partidos prefieren olvidarlo en cuanto acceden al poder porque no tienen tiempo ni altura de miras para pensar en la siguiente generación, sino solo en la siguiente elección.

Ahora la ministra Isabel Celaá anuncia el entierro de los restos de la Lomce, aprobada por el PP, y por tanto objetivo a batir. La prioridad es derogar la ley del antecesor en Moncloa y colocar la ideología por delante en detrimento de criterios técnicos y meritocráticos: ataque a la enseñanza concertada, cerco a la religión y a la libertad de decisión de los padres. Celaá quiere suprimir el factor de demanda social introducido por el PP que permite a los centros concertados ampliar su oferta, pues el 25% de los padres escoge la concertada. Pese a compartir sigla, este Gobierno frena el sistema de concierto que los gobiernos de Felipe González desarrollaron y que da cumplimiento al artículo 27 de la Constitución, que reconoce la libertad de enseñanza. Es obligado cuidar la educación pública, pero postular la incompatibilidad entre concertada y pública es una falacia. No hay que olvidar, por lo demás, que la concertada le procura al Estado un ahorro del 50% de sus recursos.

La ministra -que ha negado el adoctrinamiento en Cataluña- propone que la Religión sea de oferta obligada pero de demanda voluntaria, y que no compute en la nota media. La asignatura de Valores Éticos, hasta ahora alternativa a Religión, quedaría como obligatoria. Sánchez prometió en la oposición que denunciaría el Concordato pero ahora parece que renuncia a una promesa que implica una ofensiva diplomática con la Santa Sede. Una renuncia que ha enfadado a Podemos, que bajo pretexto de laicismo pretende un adoctrinamiento de signo contrario.

Si los gobernantes no dejan de ver la formación como arma política, los retos educativos no se solucionarán.

Tomado de www.elmundo.es

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